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Cerrajeros de lujo en plena crisis

 

Picaresca empresarial. Una vecina que vio cómo una puerta de su casa quedaba bloqueada no se lo pensó dos veces a la hora de llamar a una empresa de reparación de 24 horas. La sorpresa le llegó cuando el operario le mostró una factura de 400 euros, lo que pone de relieve, según la UCE, la picaresca de este sector

J. A. CASTELLÓ
En los tiempos que corren cualquier mínima reparación doméstica puede costarnos un riñón. La Unión de Consumidores (UCE) de Castelló ha recibido la queja de una vecina que se vio obligada a cambiar una cerradura bloqueada. La mujer se llevó una sorpresa desagradable cuando la empresa le reclamó la friolera de 400 euros por un servicio aparentemente sencillo. Además, la factura esgrimida por la afectada refleja que solo la mano de obra por una hora (importe mínimo) ascendió a 275 euros.
Una de las quejas que suele repetirse con cierta frecuencia en la UCE gira alrededor de los servicios de reparaciones urgentes con atención de 24 horas, donde suelen pedirse al cobro una serie de cantidades que, según la organización, parecen "abusivas".
Desde la Unión de Consumidores se recuerda que al haber libertad de precios es "fundamental" tomar una serie de precauciones antes de contratar este tipo de servicios, como pedir un presupuesto previo antes de dar la conformidad a cualquier tipo de reparación, donde se incluyan detalladamente todos los conceptos y posibles recargos por reparación urgente o fuera del horario habitual.
En cualquier caso, desde la UCE se recuerda que este tipo de averías "suele estar cubierta por el seguro de hogar", por lo que antes de acudir a empresas de 24 horas el afectado debería ponerse en contacto previamente con su seguro para determinar si está cubierto, al objeto de que le indiquen los pasos a seguir.
Desde la UCE se recuerda la obligación de cualquier empresa o profesional de tener a disposición del público las correspondientes hojas de reclamaciones, por lo que ante cualquier precio que se pueda considerar abusivo se puede llevar el caso a la Inspección de Consumo, para que se determine la posible existencia de una irregularidad. En cualquier caso, desde la UCE se exige a la "administración competente un mayor control de este tipo de actividades al objeto de evitar este tipo de situaciones", según el comunicado de la UCE.

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