Mientras todavía tiene pendiente la respuesta a los recursos de alzada presentados por el Ayuntamiento de l'Alcora en agosto contra la autorización ambiental integrada a Reyval para construir una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos, la Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado dicha autorización con dos resoluciones de julio y septiembre de 2011. Con ellas, la institución dirigida por Isabel Bonig da permiso a la empresa para realizar operaciones de almacenamiento temporal para un total de 7 residuos más a los inicialmente autorizados.
Una resolución del 27 de julio de 2011 de la Dirección General de Calidad Ambiental, firmada por Vicente Tejedo, modifica ya la autorización ambiental integrada del 15 de junio del mismo año.
En ella, además de modificar el número de inscripción en el registro de instalaciones de la Comunitat Valenciana, amplía la autorización para operaciones de almacenamiento de 6 tipos de residuos: de tejidos vegetales, sanitarios cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones, medicamentos producidos dentro de las instalaciones sanitarias, otros residuos sanitarios no especificados en otra categoría, gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas, y medicamentos citotóxicos y citostáticos (producidos dentro de las instalaciones sanitarias).
A ellos hay que añadir los residuos de películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata que contemplaba la más reciente resolución del 28 de septiembre de la misma Dirección General de Calidad Ambiental. Preguntados al respecto, fuentes de Reyval Ambient aseguraron ayer que se trataba de una modificación "no sustancial que no afecta ni a la tipología ni a la cantidad a tratar".
Las mismas fuentes le restaron importancia y lo atribuyeron a voces interesadas dentro de una campaña para intentar desprestigiar a la empresa. En cuanto al silencio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre los recursos de alzada, no quisieron hacer declaraciones más allá de su reiterada postura de que "todo estaba reglado y bien cursado".
Recursos de agosto
Cabe recordar que el 5 de agosto de 2011 se presentaron varios recursos de alzada contra la autorización de conselleria que permite la instalación de una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos en l'Alcora. El 5 de noviembre de 2011 expiraba el plazo para el pronunciamiento de conselleria, pero poco antes, la institución autonómica aceptó la ampliación del recurso de alzada presentada por el ayuntamiento tras una reunión en Valencia. Más de 2 meses después continúa el silencio de la administración la cual alega que Abogacía de la Generalitat continúa estudiando la documentación.
Para el movimiento contra la incineradora, está más que superado el plazo por el cual se puede indicar que la conselleria ha incurrido en silencio administrativo. Visto lo visto, todo apunta al contencioso-administrativo. De hecho la plataforma cívica que canaliza la protesta ha mantenido reuniones con abogados especialistas en temas medioambientales para que asuman la defensa de sus intereses ante los tribunales valencianos.
