La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), personada como acusación particular en el caso Fabra, ha pedido que el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, entre otros altos cargos del Gobierno popular, presten declaración como testigos en el juicio contra el ex presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.
Además, en su escrito de conclusiones, la UCE solicita una multa de 8 millones de euros y 20 años de prisión por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales para el presidente del PP provincial.
La organización que defiende los derechos de los consumidores pide que comparezcan en la vista oral hasta 47 testigos, entre ellos Posada, Cañete, la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, y los directores de una decena de bancos y cajas de ahorro de Castelló a los que Fabra transfirió cantidades millonarias.
Los altos cargos a los que la UCE quiere que se llame a declarar como testigos aparecen en el voluminoso sumario de 20.000 folios que se abrió en el Juzgado de Nules a finales de 2003. Posada, Cañete y Villalobos prestaron declaración por escrito en calidad de testigos, evitando de esta manera una declaración directa ante el juez. Sus nombres aparecieron en el sumario después de que el empresario Vicente Vilar (actualmente en prisión por violar a su ex esposa) acusara a Fabra de hacerle favores políticos al más alto nivel para que se aprobaran sus productos plaguicidas.
La Justicia investiga si las negociaciones que Vilar y Fabra llevaron supuestamente a cabo podrían ser constitutivas de "delitos contra la Administración Pública", y entre ellos, "más concretamente", de "cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas".
En concreto, el Juzgado de Instrucción de Nules investiga "la naturaleza y el origen del incremento patrimonial" obtenido por el presidente de la Diputación de Castelló y su "incidencia fiscal en el periodo impositivo que media entre 1999 y 2004".
Fraude al fisco
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, considera que Fabra defraudó 3,3 millones de euros al fisco en esos cinco años. Vilar acusó al ex presidente de la diputación castellonense de cobrar cantidades millonarias sin justificar a cambio de hacerle el favor de presionar en Madrid con el fin de agilizar la tramitación administrativa de sus productos insecticidas agrarios.
Por su parte, la defensa de Carlos Fabra ha presentado un escrito pidiendo la nulidad del procedimiento y su archivo, según informó ayer Radio Castellón Cadena Ser. El letrado se queja de "indefensión" porque, según asegura, se ha enterado por los medios de comunicación de las actuaciones judiciales. Además, niega la existencia de delito de cohecho y de tráfico de influencias y alega que los delitos fiscales supuestamente cometidos por Fabra han prescrito, cuando el Tribunal Supremo ha decretado precisamente lo contrario en una resolución tomada por el Alto Tribunal a finales del pasado año.
Por otra parte, el juez de Nules ha rechazado la pretensión de las partes de detener el proceso hasta que la Audiencia de Castelló se pronuncie sobre la solicitud de más imputaciones judiciales. El juez de Nules concluye que si la Audiencia Provincial decide imputar a más personas en el procedimiento, pueden incorporarse en un momento posterior antes de la apertura de juicio oral.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apoyado en todo momento al que hasta hace unos meses era su hombre fuerte en Castelló e incluso se permitió decir públicamente que Carlos Fabra siempre ha sido un "ciudadano ejemplar".
