Los municipios de la provincia de Castelló afectados por la Ley de Costas se mueven entre la expectación, la acción y la cautela ante la intención del nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de priorizar una "revisión" de la norma para lograr que su articulado combine el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales.
Mientras algunas localidades de la zona Sur de la costa castellonense ven en el anuncio una oportunidad para hacer realidad sus reivindicaciones, desde otros colectivos que aglutinan a entidades de diversos puntos del territorio nacional alertan de las "dificultades" que entraña consensuar un texto que satisfaga a todas las partes implicadas.
Por el momento, en las comarcas castellonenses la Plataforma Provincial de Afectados por Costas ya ha remitido al Ministerio una carta en la que solicitan una reunión con el fin de trasladar sus reivindicaciones. "Después de 23 años es importante que se nos haya abierto esta posibilidad", indicó el portavoz de la entidad, Mario García, quien destacó que "lo que queremos es que se cuente con los municipios afectados, que se nos escuche y, si tenemos razón, que nuestras reivindicaciones queden contempladas en esa modificación".
"Nuestro objetivo no es abusar de la Ley o hacer grandes construcciones, sino proteger el legado histórico, paralizar los deslindes, las órdenes derribo y regenerar nuestra costa", aseveró el también alcalde de Nules que, en el caso concreto de las afecciones en la localidad, recordó que "tenemos 242 viviendas, las últimas de los años 70 y la primera de 1914". Por su parte, la representante de los afectados de la playa de Nules, Marisol Ballester, apeló a la "prudencia" y detalló que "vamos a esperar unos días para hacer valoraciones". "Hemos convocado una reunión de la junta de la plataforma para esta semana y también mantendremos un encuentro con el alcalde para definir nuestras acciones", dijo.
Junto a Nules, Almenara también ha comenzado a mover ficha para que el nuevo ministro atienda sus peticiones. "Solicitaremos reuniones con el ministro y el responsable de Costas para exigir que se haga todo lo posible y lo antes posible para frenar la regresión, un tema que pasa por las escolleras", especificó la edil responsable de Costas y Medio Ambiente, Estíbaliz Pérez, quien matizó que "en materia de deslindes nosotros siempre hemos defendido que la playa se quede como esté ahora, pero entendemos que, cuando nos hagan las escolleras y se gane terreno al mar, habrá que hacer un deslinde en esos terrenos ganados para frenar la regresión".
Desde la plataforma cívica para la defensa de la costa de Almenara, más conocida como Plataforma Espigones de Almenara, su presidente, Cristóbal Gómez, también se mostró prudente respecto a los pasos a seguir.
"La próxima semana mantendremos una reunión para ver qué medidas vamos a tomar y el 11 de febrero celebraremos una asamblea para informar a los afectados", declaró Gómez, que aseguró no obstante que "aunque no haremos nada hasta conocer en qué consisten exactamente los cambios, mantendremos nuestro programa de movilizaciones si es necesario".
A finales del pasado mes de noviembre la dirección provincial de Costas derribó una vivienda en Almenara a pesar de que sus propietarios disponían de una orden de la dirección nacional en la que se garantizaba que se paralizaba el proceso hasta que se resolvieran los recursos pendientes. Su propietario, Fernando Ramia, valoró que "las declaraciones del ministro son solo una declaración de intenciones y aún es pronto para valorar, porque está todo el en aire". "Convocaremos una reunión entre finales de este mes y principios de febrero para decidir qué hacemos los afectados de Almenara y ver la posibilidad de reclamar que se mantenga lo que queda en pie y recuperar lo que ha sido demolido".
Retroactividad y condiciones
Precisamente la retroactividad de la nueva normativa, en caso de que finalmente salga adelante, es una de las demandas de la Plataforma Nacional de los Afectados por la Ley de Costas. Su portavoz, José Ortega, alertó de la "dificultad" de consensuar un texto que satisfaga los intereses de las partes en litigio y ratificó que "es primordial que se tenga en cuenta nuestra opinión a la hora de ejecutar esas modificaciones y que se salvaguarden los derechos de las personas que han sido víctimas de esta Ley". "No hay que olvidar en que el 90% del territorio ya ha sido deslindado, con lo cual de poco serviría una norma sin efectos retroactivos", apuntó. Además, expresó su "deseo" de que esta reforma "no sirva para convalidar situaciones de expolio del dominio público, construir nuevos hoteles en la arena o premiar a quienes han levantado construcciones robando un espacio que es de todos".
El representante de la entidad nacional también aludió a la problemática de las instalaciones temporales, como los chiringuitos, A su juicio, sería una "traición" que el cambio "se hiciera para permitir que las concesiones en dominio público pudieran ser por más años, porque personas que no tienen un derecho consolidado, como en el caso de algunos merenderos o chiringuitos, podrían ver esos derechos ampliados y consolidados en detrimento de quienes han ahorrado y tienen allí su proyecto de vida".
