La diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, pedirá explicaciones al Consell por consentir el mantenimiento de un depósito irregular de residuos de gallinaza en el término de la Vall d'Alba a 800 metros de Benlloch y a 300 de la rambla. Un punto de almacenaje y vertido que la propia conselleria ordenó cerrar en 2002 al retirar la autorización al propietario, a quien también denunció ante el TSJ, por resistirse al cierre. Diez años después los vertidos siguen y ni la conselleria ni el consistorio valldalbense ha acatado la orden de cierre de la instalación, que genera molestias, aparición de roedores y malos olores. Y todo con la planta principal del plan de purines de la diputación a unos metros.

En paralelo a la interpelación parlamentaria de Mollà, el alcalde Benlloch, Ángel Bellés, avanzó que reiterará su queja ante la Conselleria de Medio Ambiente, para que "cierre el depósito, en atención a sus propias resoluciones, a las judiciales y a las quejas vecinales. Además, de evitar el riesgo de contaminación de la rambla que nutre a diversos pozos de agua potable del Pla de l'Arc y llega al pantano de María Cristina. Y es que carece de la impermeabilización precisa".

Mollà critica la "actitud de la conselleria, que conociendo la irregularidad del depósito de purines no lo ha cerrado, con el riesgo de contaminación que tiene".

Recuerda la diputada la vinculación de alcalde de la Vall d'Alba y vicepresidente de la Diputación de Castelló, Francisco Martínez, con el ex presidente de la diputación, Carlos Fabra. Y añade que "por ello, si la conselleria no actúa por motivos partidistas, estaríamos ante una flagrante muestra de prevaricación".

Sin licencia de actividad

El consistorio de la Vall d'Alba aún no ha cerrado la planta de almacenaje de estiércol animal del Mas d'En Facil, pese a carecer de licencia municipal de actividad y a que la conselleria le impuso una sanción económica en 2002, además de ordenar su cierre al no prorrogarle la autorización.

La resistencia del empresario a cerrar la planta llevó a la conselleria a denunciar los hechos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat para que determinase si la persistencia en la actividad es constitutiva de un delito fijado en el artículo 556 del Código Penal.

Mientras, los vecinos de Benlloch, que denunciaron la irregular actividad el 13 de junio de 2002 a través de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Castelló, siguen padeciendo los malos olores y las molestias de mosquitos, moscas y roedores, a los que se suma el tránsito de los camiones por enmedio del pueblo. Por eso han presentado denuncias, incluida una ante el Seprona, cuya resolución aún desconocen.

Recuerdan que el 12 de septiembre de 2005 el director territorial de la conselleria, Jorge Traver, ordenó a Martínez, que comprobase que la empresa tenía la preceptiva licencia municipal de apertura y caso de que la tuviera procediera a ver "si se ajusta en su funcionamiento al proyecto presentado". Y le recordaba que el titular de la actividad que careciese de licencia, según el artículo 18 de la Ley 3/89 de Actividades Calificadas, debería cerrar la planta.