El Ayuntamiento de Castelló volverá a reclamar en el pleno del viernes el retorno de la señal de la TV3 a la Comunitat Valenciana. Será la segunda vez en un año que la capital de la Plana reivindique el regreso de la Televisión de Catalunya, que lleva casi un año sin emitirse en el territorio valenciano.

Acció Cultural se vio obligada el 17 de febrero de 2011 a cerrar los últimos repetidores de la TV3 por la presión de la Generalitat, que amenazaba con imponer a la entidad unas sanciones imposibles de asumir si no cesaba la señal. Pocos días después, el pleno municipal de Castelló reclamaba al Gobierno y al Consell que llevaran a cabo las acciones pertinentes para permitir la vuelta de la televisión catalana. PP, PSPV, Bloc y EU aprobarán este viernes la misma declaración que entonces, es decir, el ayuntamiento instará al Gobierno central a que habilite un canal múltiple adicional de TDT y al Consell valencià a que llegue a un acuerdo con el Govern català, por el que se retransmita Canal 9 en Catalunya y TV3 en Valencia.

En los últimos once meses, el Consell prácticamente no ha movido un dedo para alcanzar un pacto con el Ejecutivo de Artur Mas. Las negociaciones se encuentran suspendidas.

La declaración sobre la TV3 fue la única propuesta que concitó la unanimidad de los cuatro grupos de la corporación. Las declaraciones institucionales necesitan el consenso para poder ser tratadas en el pleno. El Partido Popular tumbó las iniciativas presentadas por la oposición contra las medidas de recortes de la Generalitat y el Gobierno, mientas el PSPV rechazó la intención del PP de pedir a Madrid que excluyera la obligatoriedad a los ayuntamientos de cancelar sus operaciones a corto plazo de deuda en el mismo año.

El concejal de Economía, Juan José Pérez Macián, acusó a la oposición de "obstaculizar" la gestión municipal, mientras la portavoz del PSPV, Amparo Marco, lamentó la "complicidad" del Gobierno municipal con "las decisiones antisociales adoptadas por los gobiernos de Rajoy y Fabra".

El PP también rechazó una iniciativa del Bloc Nacionalista que planteaba el retorno los papeles de la Subdelegación de Defensa que permanecen en Salamanca, con el argumento de que ya lo ha solicitado al Gobierno.