La diputada castellonense del PP en el Congreso, Andrea Fabra, confirmó ayer que su padre recibió el lunes la notificación del Juzgado de Nules para que abone una fianza de 4,2 millones bajo amenaza de embargo de sus bienes. De esta manera, el plazo de un día que le concedió el juez Jacobo Pin para satisfacer su deuda se cierra hoy a las tres de la tarde.

Fabra podría también optar por comunicar al instructor que dispone ya del aval de su banco o en su defecto lo está tramitando con la entidad financiera. Esta tramitación puede llevar días o incluso semanas. Una vez que el banco tome una decisión sobre si concede el aval, pueden ocurrir dos cosas: que Fabra deposite el dinero o que se declare insolvente, en cuyo caso el juez ordenará el embargo patrimonial en la cantidad suficiente para cubrir la garantía.

La lentitud con la que se producen las notificaciones judiciales tiene mucho que ver con un modelo decimonónico en el que todo el papeleo tiene que pasar necesariamente por los procuradores, que no acuden a los juzgados de Nules a diario. En este caso, la decisión del juez Pin de imponer una fianza a Fabra está tomada desde el pasado viernes. Sin embargo, el líder provincial del PP no ha recibido la notificación hasta el lunes. Queda por ver si el presidente del PP castellonense puede reunir dinero suficiente en tan corto periodo de tiempo.

La fianza impuesta por el juez a Carlos Fabra casi duplica el patrimonio que declaró el líder del PP hace medio año, cuando dejó la presidencia de la diputación.

Fabra tiene que aportar una fianza de 4.270.859 de euros. A finales de julio, se publicaron las declaraciones de bienes y actividades de los diputados que cesaron tras las elecciones municipales de mayo. Entre ellas, las del ex presidente Carlos Fabra, quien reconoció un activo de 2.430.492 euros, de los que 219.101 euros correspondían a bienes inmuebles y 2.211.391 a otros bienes.