El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules ha dado a Carlos Fabra 3 días para que informe sobre los bienes de su propiedad que pueden ser embargados, una vez que ha transcurrido el plazo legal sin que el líder provincial del PP haya depositado la fianza de 4,2 millones de euros por la apertura de juicio oral.

En un decreto judicial, el magistrado Jacobo Pin da 72 horas a Fabra y al resto de imputados para que "manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la fianza concretada en el auto de apertura de juicio oral, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título". El juez apercibe a Fabra y le recuerda que en caso de no verificar esta información se procederá de oficio o a instancia de parte a la averiguación de bienes susceptibles de embargo, y podrá "imponérsele también multas coercitivas periódicas".

Este acuerdo se recoge en un decreto de dicho juzgado, de fecha 26 de enero de 2012, que también incluye en este mismo supuesto a la ex mujer de Carlos Fabra, María de los Desamparados Fernández, cuya fianza asciende a 1.718.192,80 euros; al ex socio del dirigente del PP, Vicente Vilar, y la ex esposa de éste último, Montserrat Vives, a los que se pide una fianza de 800.000 euros a cada uno. Todos ellos están imputados en el caso Fabra.

Las partes, concretamente el político popular y su ex mujer, solicitaron una aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo para responder al requerimiento, peticiones que ha desestimado el juez, quien les ha dado tres días para informar de su relación de bienes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Este organismo aclara además que las otras dos partes, Vilar y su ex mujer, "no han contestado en sentido alguno".

Por otra parte, el juez ha dictado otro auto que incluye como imputado al ex senador del PP Miguel Prim después de que la Audiencia de Castelló así lo ordenara. Prim participó en una reunión con el entonces ministro Jesús Posadas (en la actualidad presidente del Congreso de los Diputados) para tratar sobre los problemas de comercialización de los productos de Naranjax, la empresa de Vicente Vilar. Tras la citada reunión, Miguel Prim, "haciendo valer su condición de senador por Castelló, presionó a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias de los productos fitosanitarios", entre ellos los de las empresas de Vicente Vilar y Montserrat Vives, según el auto del juez. Para ello remitió una carta con fecha 2 de septiembre de 1999 a la atención del entonces ministro del ramo en la que le recriminaba los retrasos en la aprobación de los productos fabricados por Naranjax.