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La resaca y el éxito de la manifestación contra los recortes en los servicios públicos en Castelló -con cerca de 30.000 participantes- no ha relajado en absoluto la lucha ciudadana. De hecho, los sindicatos acordaron ayer nuevas movilizaciones que tendrán como acto estrella una concentración en el aeropuerto sin aviones de Carlos Fabra para el próximo sábado 11 de febrero.

Así lo decidieron ayer las organizaciones sindicales en un encuentro que sirvió para evaluar los resultados de la más grande manifestación acaecida en la capital de la Plana desde las protestas contra la guerra de Iraq en 2003.

Los sindicatos mayoritarios quisieron trasladar ayer al Consell el mensaje de que no cejarán hasta que se retire el decreto de recortes en los servicios públicos y se abra una negociación que, cuanto menos, salvaguarde los mínimos derechos a educación pública, sanidad y asistencia social.

A pesar de las dificultades que puede plantear el transporte de los manifestantes, los sindicatos eligieron el aeropuerto de Vilanova como escenario de protesta por el carácter simbólico que arrojan tanto la infraestructura como su impulsor -Carlos Fabra-, que ha amasado una insólita fama gracias a sus imputaciones judiciales por fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho.

La protesta se ha bautizado como "marcha de denuncia de los fastos de la Generalitat" o "ruta del despilfarro", y contará con el respaldo incondicional de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la provincia de Castelló (FAPA-Penyagolosa).

De forma paralela, los sindicatos se reunirán el 1 de febrero con el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y proseguirán toda una serie de acciones de protesta hasta el mes de marzo. Entre ellas destacan nuevos encierros nocturnos el lunes 6 de febrero, una huelga de consumo el sábado 18 de febrero, una concentración frente al ayuntamiento el jueves 23, caravanas de coches, la entrega de firmas para la dimisión del conseller Vela en el Palau de la Generalitat y una nueva manifestación el sábado 25 de febrero.

Las reivindicaciones fusionan la indignación por los impagos a los centros educativos, instalaciones sanitarias y servicios sociales, así como la degradación de la enseñanza pública, la reducción de servicios de urgencia, el recorte de personal, la precarización salarial de los interinos y la eliminación de derechos adquiridos.