Por segunda vez en cuatro años el Tribunal Supremo vuelve a poner en entredicho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló del año 2000. En 2008 la invalidó por no exponerse una segunda vez al público, tal como exige la ley urbanística estatal, y ahora cuestiona la modificación del PGOU al considerar que el Consell y el ayuntamiento han ejecutado de forma incorrecta la primera sentencia que derogó el planeamiento urbanístico. La Generalitat aprobó hace dos años nuevamente el PGOU de 2000 sin incorporar los cambios urbanísticos introducidos a posteriori. El Alto Tribunal insta a ambas administraciones a repetir el proceso, adaptándolo a las actuales circunstancias.

La resolución de la sala quinta de lo contencioso-administrativo, con fecha del 8 de noviembre de 2011 y a la que ha tenido acceso Levante de Castelló, atiende los recursos de casación presentados por tres particulares contra dos autos del TSJ que validaban el cumplimiento de la sentencia de 2008 por parte de la Conselleria de Urbanismo y que rechazaban su personación en la causa.

Además de dar vía libre a la petición de los demandantes, el Supremo también pone en jaque la última modificación del PGOU que aprobó la Conselleria de Urbanismo en enero de 2010 por no tenerse en cuenta en el periodo de información pública "las circunstancias materiales y jurídicas del momento en que se practique", según reza la resolución. Al respecto, ordena que la sentencia de 2008 se ejecute en "sus propios términos, partiendo que se declaró nulo el Plan General de Castelló", por lo que reclama a la Generalitat y al ayuntamiento que recojan el planeamiento urbanístico aprobado a partir de 2000.

"Una ficción legal"

Asimismo, el Supremo reprende la argumentación que esgrimieron en el anterior mandato el Consell de Francisco Camps y el equipo de gobierno local de Alberto Fabra para justificar el cumplimiento del primer fallo. El mismo tribunal declaró hace cuatro años nulo el PGOU de 2000 por no haberse expuesto al público una segunda vez tras su aprobación provisional y retrotraía "el procedimiento administrativo al momento anterior al acuerdo definitivo". Las dos administraciones aseguraron que el Plan General de 2000 no había sido anulado y que sólo tenían que exponerlo otra vez al público. La Conselleria de Urbanismo dio luz verde finalmente en enero de 2010 el PGOU con el mismo contenido que sacó adelante diez años atrás. Sus servicios jurídicos adujeron que la primera sentencia obligaba a realizar "una ficción legal con una reposición al momento que se llevó a cabo la aprobación provisional".

El Supremo contesta que el PGOU de2000 "fue declarado nulo de pleno derecho". "Los defectos formales en disposiciones de carácter general acarrean su nulidad radical, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones", abunda la resolución, que añade que "la información pública no es una ficción, sino es un trámite imprescindible".