Concesiones alega que no amplió la zona de giro del aeropuerto por los incumplimientos del Consell

JORDI RUIZ CASTELLÓ La Generalitat y la empresa Concesiones Aeroportuarias se atribuyen mutuamente la responsabilidad de que la plataforma de viraje de aviones del aeropuerto de Castelló no se haya ampliado para que se ajuste a la normativa de seguridad. La concesionaria afirma que la obra estaría ejecutada si la sociedad pública Aerocas hubiera cumplido sus compromisos contractuales.
La decisión del Consell de rescindir el contrato a Concesiones, tras la demanda interpuesta por ésta, ha dejado en el aire la realización de las obras que quedan pendientes, algunas de las cuales son ineludibles para la obtención de los permisos. La principal actuación es la ampliación de la plataforma de giro de los aviones, situada en la cabecera de la pista, que no cumple las dimensiones mínimas que exige la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Según la versión de la Generalitat, pidió a Concesiones Aeroportuarias que ampliara la zona de giro. Tras la entrega de llaves del aeropuerto, en abril del año pasado, Aerocas supervisó las obras e indicó a la concesionaria aquellos aspectos que debía subsanar, dentro del periodo legal de garantía. Igual que se hace cuando se compra un piso. Sin embargo, estas obras no se han ejecutado y el gobierno autonómico se niega a pagarlas. Pretende incluirlas en el acuerdo de rescisión de contrato a la concesionaria para que no le cuesten ni un euro a las arcas autonómicas.
Desde la empresa privada defendieron su labor en la construcción del aeropuerto. Fuentes de la empresa afirmaron que las obras de subsanación se interrumpieron ante los sucesivos incumplimientos e impagos de la Generalitat, a través de Aerocas. "Las subsanaciones se realizaron hasta que la constructora dejó de trabajar por los incumplimientos de Aerocas", señalaron las mismas fuentes. Según detallan, la Generalitat se retrasó en el pago del préstamo y no otorgó la carta de patrocinio (garantía pública) a la que se comprometió en la novación del contrato firmada en marzo. Todo ello, unido a los pagos pendientes (que pueden rondar los 19 millones de euros), dejó a la concesionaria sin liquidez para pagar a la constructora, que interrumpió las obras.

Futuro incierto
El resultado es que el aeropuerto está tramitando los permisos de apertura sin haber ejecutado actuaciones ineludibles para obtenerlos. La Generalitat las supedita al acuerdo con la concesionaria para romper el contrato. Si este acuerdo no se produce, la resolución quedará en manos de los tribunales y el litigio podría alargarse varios años, con lo que el futuro del aeropuerto es aún más incierto.