La Sala Tercera del Tribunal Supremo vio anteayer una demanda de la empresa Río Cenia, SA, a quien se le han expropiado varias fincas, contra el almacén de gas del proyecto Castor, en Vinaròs. Una demanda cuya resolución, según fuentes del Supremo, se conocerá en un plazo de entre 15 y 45 días. Los demandantes consideran que el proyecto incumple algunos de los artículos de la Ley de Costas y de la de Hidrocarburos. De fallar a favor de Río Cenia, el tribunal anularía la concesión de la licencia de explotación del almacenamiento subterráneo de gas, propiedad de ACS y Escal. En tanto que la infraestructura revertiría al Estado, por su inclusión en la Planificación Energética.
Fuentes de Escal UGS, promotora de la infraestructura, rechazaron ayer hacer declaraciones ante los requerimientos de Levante de Castelló y reiteraron que han seguido todos los trámites y requisitos legales.
Según el texto de la demanda, el almacén del Castor infringiría algunos artículos de las leyes de Costas e Hidrocarburos. Asimismo, según confirmaron fuentes judiciales a este diario, el proyecto podría no contar con los planes de emergencia ni el estudio de la frecuencia de la actividad sísmica en la zona. A todo ello, suma la promotora del recurso contencioso, la falta de una exposición de las principales alternativas y una justificación de los motivos que justifiquen la solución adoptada.
En el escrito-demanda de Río Cenia, SA, se recuerda la inexistencia de una evaluación de los efectos del proyecto sobre la población, así como la afección al patrimonio artístico y arqueológico. Consideran, además, que falta un estudio sobre la afección de la calidad del medio marino derivado de posibles fugas de gas.
Los demandantes destacan la carencia de un plan para la retirada de las instalaciones, así como de un estudio de detalle del área costera por la que ingresará el gasoducto en la costa.
La demanda centra sus argumentos en los posibles daños medioambientales del proyecto. Sobre este aspecto, señala que no se ha presentado la valoración de alternativas menos perjudiciales para la pesca.
Precisamente estas posibles afecciones al sector pesquero fueron una de las razones esgrimidas por las Cofradías de Pescadores de Sant Carles de la Rápita y les Cases de Alcanar, para oponerse al proyecto. Es más, los pescadores del Delta del Ebro llegaron a cifrar en 160.000 euros las posibles pérdidas que tendrán al arrancar como consecuencia del proyecto.
En el texto de la demanda de Río Cenia se hace referencia a las consecuencias jurídicas del otorgamiento de la concesión realizada por el Gobierno, sin que el estudio de impacto ambiental hubiera sido sometido a información pública y sin la emisión de la preceptiva declaración. Algo que conllevaría, dicen, la nulidad de pleno derecho de la concesión tal como está recogido por Ley, en la medida que el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo fue adoptado con omisión de un trámite esencial (procedimiento de evaluación de impacto ambiental).
La postura de Escal
Pese a rehusar valorar la repercusión de la resolución judicial que puede tener el caso y que afectaría a la continuidad de la explotación del gasoducto y el almacén, Escal UGS aseguró disponer de todos los estudios y permisos necesarios para acometer el proyecto. Es más, esperan poder iniciar la explotación industrial sin problemas en los próximos meses.
La demanda aludida no es la única presentada por Río Cenia, SA, contra este proyecto, como confirman desde Escal, al tiempo que recuerdan que no han prosperado otras demandas presentadas.
