Los representantes de las secciones sindicales de CC OO, CSIF, STEPV-PV, FETE-UGT, Acontracorrent, SEPC, Campus Joven y Frente de Estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló anunciaron ayer su voluntad de articular un espacio común que integre a los sindicatos de trabajadores y las organizaciones y sindicatos estudiantiles, con el objetivo de defender intereses comunes. Para ello ya han constituido la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública de Castelló.

A través de un comunicado explicaron que los objetivos de esta nueva formación serán: exigir el cumplimiento por parte de la Generalitat Valenciana de sus obligaciones financieras con la UJI; la defensa de la universidad ante las injerencias empresariales, financieras y políticas que cuestionan su carácter de servicio público; y la continuación de las convocatorias de ayudas "puesto que es el motor del desarrollo económico y social del país".

Otras de las finalidades planteadas por esta nueva agrupación son la mejora de la política de becas y la supresión de las becas-préstamo, además de la congelación inmediata de las tasas de matrícula, por tal de no seguir transfiriendo el coste educativo al estudiante y a sus familias; y la estabilización y mejora de las plantillas de personal como herramienta necesaria por garantizar la calidad y dedicación requerida por un servicio público.

Tal como aseguraron, la UJI lleva "demasiado tiempo sufriendo la falta de financiación por parte de la Generalitat Valenciana". "Esta situación de precariedad crónica que sufren las universidades públicas contrasta con el tratamiento que la Generalitat da a las universidades privadas", añadieron. Además, también denunciaron que la Estrategia Universidad 2015 "está sirviendo para socavar el funcionamiento democrático de la universidad, el compromiso de financiación pública y las condiciones laborales al ámbito universitario.

Por todo ello, la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública de Castelló nace para proteger la educación pública y pedir a las administraciones que cumplan sus obligaciones financieras.