El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha remitido a la Audiencia Provincial de Castelló la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, Carlos Fabra, según han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según las mismas fuentes, cuando la causa llegue a la Audiencia, la sala competente deberá decidir la admisión de la causa y habrá que esperar a la resolución de dos recursos de apelación que aún están pendientes, tras lo que se señalará la celebración del juicio.
El pasado 20 de enero el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros.
El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Carlos Fabra por el empresario Vicente Vilar.
En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castelló acordó sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 que se siguen en el citado juzgado de Nules, por entender que habían prescrito.
Sin embargo, el pasado 1 de diciembre el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su mujer, una medida que Fabra recurrió ante el Constitucional.
El juez de Nules, en los antecedentes de hechos del auto del pasado diciembre, considera que hay indicios de que Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su esposa Monserrat Vives.
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, para lo cual se puso en contacto con el entonces presidente de la Diputación a través de su mujer, Amparo Fernández, que era amiga de Monserrat Vives.
El auto considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.
