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Más de 300 profesores y estudiantes de la Universitat Jaume I de Castelló se manifestaron ayer en el ágora del campus para exigirle al Gobierno y a la Generalitat que paralicen el aumento de tasas universitarias y el recorte de profesorado.
Esta primera movilización no hizo más que reflejar la indignación y la tensión que ha provocado el nuevo decreto del Gobierno de Mariano Rajoy en los despachos y pasillos de las facultades.
La preocupación ha desatado un torbellino de reuniones de las agrupaciones sindicales, el equipo de gobierno y las distintas comisiones de personal.
Tras las primeras conversaciones con la Generalitat y los primeros cálculos internos, el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Francisco López, volverá a reunirse el próximo lunes con la comisión técnica de PDI (profesor docente e investigador).
El miércoles de esa misma semana (2 de mayo), el rectorado ha convocado una sesión extraordinaria del Consell de Govern de la UJI para informar sobre las consecuencias del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy.
A priori, el rechazo de todos los sindicatos de la universidad, estudiantes y profesores es tan contundente que incluso se ha llegado a pedir al rectorado que responda al decreto con una actitud de "insumisión".
No en vano, tanto docentes como alumnos coinciden al señalar que las consecuencias de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy son amplias y profundas. En primer lugar, argumentan que se pondrá en riesgo la aplicación del Plan Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior) en la Universitat Jaume I y se reducirá de forma drástica la calidad educativa al cargar a cada profesor con hasta 650 alumnos por curso.
Además, según estimaciones del sindicato Stepv, la medida puede provocar el despido de entre un 30 y un 40% del profesorado asociado, cuyas asignaturas pasarían ahora a engrosar el horario de los docentes a tiempo completo.
Esta sería una de las consecuencias directas del incremento de carga lectiva hasta 32 créditos por curso (actualmente el máximo es 24) a todos aquellos profesores que no acrediten un sexenio de investigación en activo (un 25% del total en la Jaume I).
La aplicación de esta ratio supone otro golpe a los cimientos de la universidad pública castellonense y confluye junto al terremoto que implica el aumento de tasas universitarias entre un 66% y un 700% (esta última cifra en el caso de cuartas matrículas y extranjeros no europeos).
Los rectores apelan al Consell
El rector de la Jaume I, Vicent Climent, remitió ayer un comunicado conjunto con los rectores de las universidades públicas valencianas que advierte de "los riesgos de exclusión social" que implica el aumento de tasas y "espera de la Generalitat Valenciana que el incremento de las tasas académicas al Sistema Público Universitario Valenciano se sitúe en el nivel más bajo posible de la franja establecida por el Gobierno (el 15 y el 25% del coste real de primera matrícula y hasta el 100% en cuarta matrícula y para extranjeros no europeos)".
Los máximos responsables de las universidades subrayan que la inversión en enseñanza superior "es un factor clave en la recuperación de las economías y en la contribución a un necesario cambio de modelo productivo".
Además, advierten que el recorte del Gobierno al profesorado sin sexenios de investigación "no tiene en cuenta la dedicación del profesorado a las funciones de gestión administrativa y a la transferencia de conocimiento". Por último, reclaman más becas e "igualdad de condiciones en el acceso a la universidad para todos los ciudadanos".
