El conseller de Medio Ambiente en 2007, Esteban González Pons, anunció en aquella época en Almassora su compromiso de derribar todas las edificaciones ilegales construidas en el entorno del Millars en un plazo máximo de dos años. Desde su anuncio hasta la fecha han transcurrido cinco años sin que ninguna de las más de cien construcciones ubicadas en el término municipal de Almassora se haya derruido por imperativo legal.

Los últimos 16 kilómetros del río que componen la desembocadura del Millars, declarada Paisaje Protegido en 2005, comprenden fincas residenciales, cobertizos y edificaciones para almacenar aperos de labranza. En la actualidad, el censo del Ayuntamiento de Almassora reconoce aproximadamente un centenar de construcciones. "La mínima parte corresponde a viviendas", frente a los porches y casetas en las que los labradores guardan las herramientas del campo, señalan fuentes municipales.

Las cifras son similares a las que la Policía Local de Almassora facilitó aquel mes de marzo de 2007. El inventario arrojó 47 edificaciones a modo de segunda residencia y 57 espacios construidos sin permiso para almacenar los aperos de labranza, además de una quincena de viviendas en construcción. González Pons zanjó su mandato antes de que la Conselleria de Medio Ambiente ordenara los derribos. Su sucesor, el desaparecido García Antón, tampoco efectuó ninguna demolición y Juan Cotino siguió en la línea de sus predecesores, al tiempo que el Ayuntamiento de Almassora levantó nuevos paneles informativos en el paraje para informar de la prohibición de construir.

En el consistorio no existe constancia de que el departamento que ahora dirige Isabel Bonig esté tramitando en la actualidad órdenes de derribo en el entorno del río y confirma que no se ha ejecutado ninguna demolición después del anuncio de González Pons durante la firma de constitución del Consorcio del Millars en Santa Quitèria. "Sólo es cuestión de tiempo", anunció el conseller en Almassora, flanqueado por el alcalde, Vicente Casanova, y los entonces dirigentes de Burriana y Vila-real, Alfonso Ferrada y Juan José Rubert, respectivamente, además de los representantes de la Diputación Provincial.

Según advirtió el conseller González Pons, la Generalitat iba a actuar de forma contundente contra las edificaciones a lo largo y ancho de la Comunitat con el objetivo, según explicó, de acabar con ellas en un periodo "de dos años". Para ello ya se estaba remitiendo a los ayuntamientos los datos sobre las viviendas y piscinas ilegales existentes en cada término -conseguidos gracias a la ayuda del Instituto Cartográfico- para que fueran las administraciones locales quienes pusieran medidas, ya que de lo contrario "será la Generalitat quien actuará", dijo.

Conservación del paraje

Cinco años después, la junta de gobierno del Consorcio acaba de aprobar el informe de la comisión técnica del Plan Regulador de Uso y Gestión (PRUG), el último paso de la tramitación del ente que ahora tendrá que avalar la Conselleria de Medio Ambiente. El objetivo es determinar las actividades permitidas en el delta y garantizar su conservación.

Según avanzó el Consell, el objetivo del texto es proteger la desembocadura del río tanto desde el punto de vista de la edificación como de las explotacionesagrícolas sin regulación y el resto de actividades en la zona húmeda. Sin embargo, el grupo ecologista Gecen ya alegó al PRUG del Millars el año pasado porque, entre otras cuestiones, el documento no incluía el derribo de viviendas ilegales que anunció González Pons en su día.