El número de estudiantes de grado y licenciaturas que no han podido hacer frente al pago de las tasas de matrícula en la UJI ha pasado de 265 (2% del total de alumnos matriculados) en el curso 2010/11 a 847 (6,5%) en el curso 2011/12.

Estos son los datos comparados a mayo de 2012 después de la resolución de las diferentes solicitudes de becas realizadas por los estudiantes matriculados en la institución castellonense. Estas cifras representan un impacto negativo de 723.472 euros en el presupuesto de la Universitat Jaume I, que ha dejado de ingresar ese dinero en concepto de tasas.

Según el Consejo de Dirección de la UJI, las causas de este incremento de la morosidad son, por un lado, el incremento del 7,5% (IPC + 4,5%) de las tasas universitarias del curso 2011/12, y, por otro lado, la disminución del presupuesto destinado a becas como consecuencia de la política de ajustes presupuestarios a nivel autonómico y nacional.

En el caso de los másteres oficiales los datos son más alarmantes puesto que los alumnos que a mayo de 2012 no han podido hacer frente al pago de la matrícula son 301 (15% del total de alumnos matriculados en másteres).

Estos datos son motivo de seria preocupación para el Consejo de Dirección de la Universitat Jaume I y para toda la comunidad universitaria castellonense, sobre todo ante la incertidumbre sobre cómo se aplicará el Real decreto-ley 14/2012, en el que se establece que en las "enseñanzas de grado los precios públicos cubrirán entre el 15% y el 25% de los costes en primera matrícula". Según la Conselleria de Educación, en la Comunidad Valenciana, esto supondría incrementar las tasas universitarias un 33,33% para el curso 2012/13 en primeras matrículas de grado y másteres profesionalizantes, y de hasta un 300% para el resto de másteres oficiales.

A tenor de los datos de morosidad del curso 2011/12, el Consejo de Dirección de la UJI teme diversas consecuencias ante la imposibilidad de muchos estudiantes de hacer frente a la anunciada subida de tasas.

De entrada, muchas familias castellonenses no podrán enviar a sus hijos a estudiar una carrera, según los sindicatos.