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Las desaladoras de Moncofa y Orpesa -cuyo coste alcanza 57 y 51 millones de euros respectivamente- sólo tendrán garantizado un funcionamiento de tres años y el Ministerio de Medio Ambiente (PP) sigue sin clarificar si dará continuidad a dos proyectos impulsados por el Gobierno socialista y ampliamente criticadas por el Partido Popular, según confirmaron fuentes del ministerio.
Este es el incierto escenario en el que se encuadran dos instalaciones que, según la entidad pública estatal Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas), atraviesan ya las últimas fases de pruebas y podrán comenzar a operar a principios de 2013.
La entrada en funcionamiento durante un periodo mínimo de tres años está garantizada por el propio contrato de adjudicación de la obra, que obliga a la empresa constructora a encargarse de la puesta en marcha y explotación durante los primeros 36 meses. Al termino de los tres años, la continuidad dependerá de la licitación de un contrato de operación.
De ahí en adelante, todo son incógnitas. En primer lugar, el Ministerio de Medio Ambiente ha eludido clarificar si apostará por sostener unos proyectos que siempre fueron criticados por el Partido Popular y que no coinciden con el modelo propuesto en su programa electoral.
El contrato exigía la finalización de las obras y el nuevo ministerio aterrizado con el equipo de Mariano Rajoy lo ha respetado, pero sus últimas declaraciones oficiales al respecto bucean en la ambigüedad: "El ministerio va a estudiar todas las soluciones para hacer frente a los distintos problemas relacionados con el agua en nuestro país. Por eso, actualmente se está evaluando la viabilidad de cada una de las plantas desaladoras en función de la fase en la que se encuentran para tomar las medidas más adecuadas a cada situación (presupuestaria, déficit hídrico, demanda de los usuarios, etc)".
No hay un compromiso explícito del ministerio y la crisis económica aviva aún más la incertidumbre sobre la existencia de empresas interesadas en asumir la explotación del proyecto. De hecho, el principal objetivo de las plantas era abastecer de agua para consumo humano y cubrir la demanda del turismo y los grandes desarrollos urbanísticos costeros, que ahora se encuentran ralentizados -cuando no paralizados- debido a la crisis económica.
De igual modo, Acuamed también asegura que aún es prematuro dar respuesta a uno de los grandes interrogantes: ¿cuál será el precio del agua? Así lo explicaron textualmente los portavoces de la sociedad pública. "Las condiciones para determinar el precio del agua se fijan en los convenios firmados con los usuarios. Como dependen de factores variables, no se calcula la tarifa exacta hasta que la planta entre en servicio".
Cualquier persona que lo solicite puede ser usuaria del agua desalada, pero las condiciones aún no están definidas y son muchos los que ahora temen no poder asumir un coste excesivamente caro. De hecho, son varios los alcaldes castellonenses del Partido Popular (liderados por Benicàssim, Orpesa, Cabanes y Xilxes) que han pedido la renegociación de las cuotas por el abastecimiento hídrico o, incluso, la paralización de las instalaciones.
141 millones invertidos en 7 años
Siete años después de la puesta en marcha del Programa AGUA impulsado por el anterior Gobierno, que inicialmente preveía inversiones por 129 millones de euros, las obras llevadas a cabo en las comarcas castellonenses han superado los 141 millones de euros debido a la ampliación de nuevas actuaciones complementarias y la entrada en escena de las desaladoras. Sin embargo, Acuamed y el nuevo ministerio de Miguel Arias Cañete mantienen bloqueados aún 7 proyectos hídricos valorados en más de 88 millones de euros en la provincia.
