El Ayuntamiento de Castellón está desarrollando el Plan de Repavimentación de Calzadas que afecta a un total de diez calles de la ciudad, entre las que se encuentra la avenida de Valencia y, más en concreto, el carril derecho de este vial sentido sur, entre la calle Escalante y la calle Larra. Estos trabajos mejorarán unos 1.620 metros cuadrados de esta zona y en este proyecto se han invertido 36.537,84 euros.
Así lo informó el Alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, quien visitó estas obras junto al concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet; el concejal de Servicios Urbanos, Miquel Soler; y el concejal de apoyo del distrito Sur, José Masip.
"Este Plan de Repavimentación y Asfaltado se lleva a cabo dos veces al año en la ciudad de Castelló y con estos trabajos tratamos de mejorar nuestros viales a beneficio de la ciudadanía y, más en concreto, de los conductores", destacó el primer edil. Este también quiso resaltar con rotundidad que estas pequeñas obras "son importantísimas en la ciudad porque, una vez finalizadas, también contribuyen a mejorar la calidad de vida de los castellonenses".
Según explico Bataller, este Plan, que ha tenido una duración de quince días, finalizará esta misma semana y se ha realizado durante los meses estivales " para que produzcan el menor impacto negativo en la movilidad de la ciudad y en el descanso y bienestar de los vecinos y vecinas de cada calle o vial donde se practican los trabajos".
"Desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando en este sentido, en mejorar nuestra ciudad, en que sea un espacio cómodo y bonito para nuestros convecinos", concluyó.
El secretario de Organización de Iniciativa-Compromís en la ciudad de Castelló, Pepe Cueva, propuso ayer, como ya hizo en febrero, que los concejales de la capital de La Plana tengan un límite de consumo y horario en los móviles que se pagan del erario público.
Cueva explicó que el pasado mes de febrero se aprobó una medida de poner un máximo de 120 euros en el consumo de teléfonos móviles a los diputados autonómicos, y ya entonces su organización pidió ampliar al ayuntamiento una medida similar. Sin embargo, "no tuvo ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno", señaló Cueva, quien aseguró que se han dado casos de facturas telefónicas de ediles de Castelló de más de 500 euros al mes.
A su juicio, "las tarifas de las que disfruta el ayuntamiento como gran cliente no deben ser tan caras como las particulares". Además, ha añadido que si se trata de concejales y de otras personas que trabajan dentro del consistorio "en una oficina, tienen acceso a los teléfonos fijas". Por ese motivo, Cueva aboga por implantar una tarifa de entre 60 y 80 euros máximo, y que todo el que la sobrepase vea descontada esa cantidad de su nómina. "No estaría de más, que ahora en vacaciones, hicieran público qué días de descanso ha disfrutado cada concejal, y qué uso ha hecho del teléfono que le pagamos entre todos, puesto que en teoría lo tiene para tareas relacionadas con su representación pública, y no para su vida personal", subrayó.
En esta línea, indicó que "de los 185 teléfonos móviles del ayuntamiento, seguro que muchos son prescindibles y hay trabajadores y cargos políticos que podrían aplicarse una tarifa porque la gratuidad del servicio sea solo en horario laboral".
Respuesta del PP
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, en respuesta a la acusación de Cueva, aclaró que hay una Comisión de Transparencia formada por todos los partidos del ayuntamiento donde se trata este tema. "Ahí todas las decisiones se toman de forma consensuada por parte de todos su miembros, incluida el uso del teléfono".
