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La sentencia del Tribunal Supremo pone en entredicho todo los planes de ordenación urbana de la Comunitat. El Alto Tribunal ordena ahora al ayuntamiento que repita un fallo de 2008 por llevarlo a la práctica erróneamente y este censuraba la legislación urbanística valenciana. La primera resolución cargaba contra la antigua LRAU y afirmaba que no "garantiza la participación pública" tal como exigen normas superiores como la Ley Estatal de Suelo o la misma Constitución Española al exigir un periodo de alegaciones en vez de dos. Sin embargo, la nueva Ley de Urbanismo Valenciano (LUV) mantiene sólo una fase de exposiciones, la condición que reprocha el Supremo.

La LUV, que entró en vigor en 2006, indica que "no será preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento cuando se introduzcan modificaciones", el mismo artículo que contenía la LRAU, lo que deja pendiendo de un hilo a los planes urbanísticos valencianos.

Hace cuatro años, el entonces vicealcalde y concejal de Urbanismo, Javier Moliner, alertó que la resolución judicial ponía en un brete todo el urbanismo valenciano. El ahora presidente de la diputación afirmó: "Es francamente preocupante para el conjunto de los ayuntamientos valencianos ya que toda actuación urbanística de 1994 a 2006- período que estuvo en vigor la LRAU- queda ahora colgada de un hilo".

Esta situación advertida se mantiene en la actualidad y, en base a la sentencia de 2008, los PGOU valencianos podrían ser tumbados en caso de ser recurridos. Los munícipes populares quitaron hierro en el pasado mandato a las consecuencias del fallo del Supremo y para cumplir con el mismo estimaron que era suficiente promoviendo un mero formalismo. Así, el ayuntamiento rechazó todas las alegaciones presentadas (más de 700) y expuso al público el mismo plan de 2000, sin introducir los cambios legales y urbanísticos que se habían dado de 2000 a 2008. El Gobierno valenciano no puso ninguna objeción y ratificó en 2010 el documento municipal.

Ahora la justicia reprende la actuación de la Generalitat y del consistorio y les obliga a repetir el procedimiento que se les ordenaba en 2008.