La Generalitat Valenciana pagará el próximo curso más de 50 millones de euros en subvenciones a 40 centros educativos privados en la provincia de Castelló mientras sigue recortando en educación pública, según desvela una comparativa de los datos facilitados por UGT y por la propia Conselleria de Educación. Además, el Consell incrementará este año en medio millón de euros las mencionadas ayudas por convenios con colegios o institutos privados.

Este coste aproximado, extraído de la propia Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2012, se distribuye en un total de 691 unidades educativas concertadas en los mencionados 40 centros, que según UGT generan una duplicidad de oferta innecesaria y que sólo beneficia a las familias más pudientes que quieren llevar a sus hijos a centros privados, en muchos casos con un marcado carácter ideológico o religioso.

Las estimaciones de UGT (cotejadas con la Ley de Presupuestos de la Generalitat) indican que la aportación de fondos públicos que desembolsa la Conselleria de Educación para estimular la educación privada se reparte entre 129 unidades de educación infantil (6,9 millones de euros por año), 252 de primaria (16,1 millones de euros), 182 de Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (17,1 millones, 40 de Bachillerato (3,8 millones), 31 de educación especial (1,5 millones) y 57 de ciclos formativos (4,9 millones).

La suma total supera los 50,4 millones de euros, una cifra que el sindicato UGT considera "inaceptable y absolutamente inaceptable" en el actual contexto de recortes que está aplicando la Generalitat Valenciana al sistema de educación pública de las comarcas de Castelló.

El municipio con más centros privados concertados co-financiados por la Generalitat es la capital de la Plana (15 centros), seguida de Vila-real (5), Burriana (4), Vinaròs, Benicarló, Betxí, Onda y Segorbe (2), Nules, Almassora, Albocàsser y Benicàssim (1 cada uno).

En este contexto, el aumento de 500.000 euros en la partida del Consell para centros concertados ha desatado reiteradas críticas de los sindicatos, los profesionales del sector público y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Castelló (FAPA-Penyagolosa), integrada por más de 250 asociaciones.

El portavoz de educación de UGT en Castelló, Laureà Puig, reitera que las seis subvenciones "incumplen los requisitos legales mínimos". Puig recordó que, según la Ley Orgánica de Educación (LOE), existen cuatro exigencias legales antes de que la Generalitat pueda realizar este tipo de conciertos que apoyan la enseñanza privada: "Que existan necesidades de escolarización en la localidad no atendidas por la pública; que el centro atienda a población escolar desfavorecida y que el centro realice experiencias educativas innovadoras". A juicio de UGT, "ninguno cumple el perfil".