La tasa de 79,5 euros por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos impuesta por el Consorcio del Plan Zonal de la zona 1 (Ports, Maestrat y Plana Alta) sigue generando polémica y malestar, además de incrementar el número de partidarios de adoptar medidas de presión para que se revisen. Y es que, además de la emisión de recibos erróneos, como denunció el consistorio de Benicarló, otros grupos como Compromís recuerdan que el retraso en la construcción y apertura de la planta de tratamiento de Cervera generó un sobrecoste de 30 millones, al no tener ayudas europeas, que "ahora pagarán los vecinos", afirma esta formación.
El coordinador de Iniciativa en Castelló y coportavoz de Compromís, Carles Mulet, afirmó ayer que las quejas registradas en los 49 municipios agrupados en el plan zonal "era un hecho previsible desde hace tiempo". Añade que "la entrada en funcionamiento del vertedero y planta de tratamiento de Cervera, más de una década después de lo previsto, ha supuesto, un sobrecoste, como mínimo de 30 millones, que ahora tienen que afrontar los vecinos de toda la zona, con una subida abusiva de hasta casi 80 euros para pagar un supuesto tratamiento de los residuos (79,50 euros). Subida que es proporcionalmente más abusiva en comercios y actividades empresariales".
Afirma Mulet que "si realmente estuvieran pagando un servicio nuevo, sería comprensible hasta cierto punto esos nuevos 79,50 euros anuales, pero lo que estamos haciendo, con esa excusa, es pagar el sobrecoste, puesto que con la tasa anual que se pagaba, tendría que haber bastante para hacer frente al coste real del tratamiento y reciclaje de residuos. En este caso, "se ha impuesto la nueva tasa sin diálogo ni consulta ni búsqueda de alternativas".
El portavoz ecosocialista ha recordado debido a las martingalas entre PP y PSPV en el Consorcio de Residuos de la zona 1, para buscar una ubicación arbitraria, y que era injusta dentro del término de Cervera, ya que afectaba sólo a terrenos de vecinos de Càlig, y donde los camiones pasaban sólo por este municipio".
Cambio de ubicación y costes
El cambio de ubicación de la planta y vertedero obligó a incrementar las medidas de protección para evitar filtraciones a un acuífero, de ahí que el proyecto inicial tuviera un sobrecoste de 30 millones sobre los 110 millones presupuestados inicialmente. Eso añadido a la pérdida de las ayudas de la UE por los retrasos explica, según Mulet, la tasa que ahora deben abonar los vecinos de estas 49 poblaciones.
Según Mulet "ahora, todo son quejas, de comercios que se ven ahogados por nuevas tasas, de vecinos a los cuales, sin previo aviso, se los cobra en dos recibos por las basuras, y hay que recordar que han de agradecérselo a los representantes del PP y PSOE dentro de esta consorcio del plan zonal.
Estas protestas llegan del sector hostelero, en Vilafranca y Benicarló, cuyos representantes municipales piden al consorcio que cree una partida para compensar a los damnificados de los recibos erróneos.
