Las negociaciones del presidente de Aerocas, Carlos Fabra, no han servido para llegar a un acuerdo sobre la indemnización millonaria que deberá abonar la Generalitat a la empresa Concesiones Aeroportuarias por la rescisión del contrato de explotación del aeropuerto de Castelló. El Consell admite que las gestiones están "paralizadas" y que es "difícil avanzar", por lo que todo indica que el conflicto se dirimirá en el juzgado, donde Concesiones interpuso una demanda.
"Más vale un mal acuerdo que un buen pleito". Es la frase que ha repetido hasta la saciedad Carlos Fabra, que ha ejercido de mediador entre la Generalitat y la exconcesionaria desde que estallara el conflicto hace nueve meses. Sin embargo, el principio de acuerdo que alcanzó Fabra -quien llegó a airear que el trato estaba cerrado- se ha topado con la resistencia del Consell, que no está dispuesto a asumir las condiciones económicas pactadas por el presidente de Aerocas.
Fuentes de la Conselleria de Turismo (de la que depende la sociedad pública Aerocas) confirmaron a este diario que las negociaciones están "paralizadas" y que la solución no se vislumbra a corto plazo. "Es difícil avanzar porque ellos -Concesiones- buscan un cosa y nosotros -Generalitat- otra. Si no podemos llegar a un acuerdo se decidirá en un proceso judicial, lo cual es una buena solución porque se garantizan los derechos de las dos partes", relataron las mismas fuentes. Unas manifestaciones que dejan en entredicho las gestiones realizadas por Fabra, quien en alguna ocasión ha reprochado a la Generalitat que no haga un esfuerzo por cerrar un acuerdo amistoso con la exconcesionaria del aeropuerto de Castelló.
Ruptura en diciembre
La disputa soterrada entre ambas partes explotó y emergió a la superficie en diciembre del año pasado, cuando la Generalitat anunció por sorpresa la rescisión del contrato con Concesiones Aeroportuarias -a la que años antes adjudicó la construcción y explotación del aeropuerto de Castelló- por su elevado coste económico para las arcas autonómicas. La decisión se adoptó como respuesta a la demanda interpuesta por la empresa en el juzgado de lo mercantil ante los reiterados impagos de la Generalitat y su negativa a otorgar un aval en forma de carta de patrocinio.
Al margen del proceso judicial, las dos partes han intentado llegar a un acuerdo sobre la indemnización. Concesiones (participada mayoritariamente por Globalvía, la sociedad integrada por Bankia y FCC) pretende recuperar el capital que invirtió de forma directa en la construcción del aeropuerto, que ronda los 30 millones de euros. Además, la Generalitat debería asumir la devolución del préstamo de 34 millones que la empresa firmó con un sindicato de bancos liderado por el Santander para financiar la infraestructura. A estas cantidades se suman los 46 millones que la Generalitat prestó a Concesiones y que debería renunciar a recuperar.
Las negociaciones sobre la cuantía y plazos de pago no han llegado a buen puerto. Por otra parte, como desveló el propio Fabra, ha surgido un problema con Hacienda. La Generalitat se ha comprometido a asumir las facturas que tiene pendientes la concesionaria con sus proveedores, lo que le obligaría a abonar 20 millones de IVA, cifra inasumible.
