Rosado advierte que a los médicos no les toca valorar si el paciente paga o no

El conseller asegura que los transeúntes y los inmigrantes irregulares no tendrán asistencia gratuita

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PILAR G. DEL BURGO CASTELLÓ
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, quiso zanjar ayer la polémica surgida entorno a la denegación de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes sin papeles y la objeción de conciencia que han planteado ya 77 médicos de familia que se oponen a acatar esta orden, al asegurar que facultativos y enfermeras, "no son los que tienen que decidir que un paciente pague o no, lo que tienen que hacer -recalcó - es asistir al paciente enfermo en consideración de su código deontológico, no otra cosa".
Tras recordar que todas las personas que pisan el territorio español tienen derecho a la asistencia sanitaria urgente -tal y como recoge el Real Decreto 16/2012-, Rosado expresó que los que no tienen derecho al aseguramiento sanitario son los transeúntes y los que no tienen regularizada su situación en España que, "tienen otro tipo de asistencia, pero no gratuita".
El conseller explicó que hay unos "magníficos servicios de filiación de pacientes" que se encargan de identificar la entidad garante de la asistencia, ya sea la Administración sanitaria, una mutua, un seguro privado o el propio usuario y de identificar quien tiene asistencia gratuita y quien no.
Rosado reiteró que no es el médico ni la enfermera quienes van a decidir quien paga y quien no, "esa no es su función". De esta manera, el responsable sanitario apoyaba las declaraciones que el lunes hizo la secretaria autonómica de Sanidad, Nela García,en las que decía que los médicos objetores tendrán que atender a los inmigrantes irregulares fuera del horario laboral y con sus propios recursos para cumplir "a rajatabla" el Real Decreto de sostenibilidad.
Por otra parte, el conseller de Sanidad manifestó ayer que los plazos de aplicación del nuevo modelo de colaboración público-privada no se han incumplido y que hay "muchísimas" empresas interesadas. "Unas están de acuerdo, otras discrepan y otras se van a ajustar a las condiciones de la licitación que es como debe ser".
El borrador que describía las condiciones de la licitación fue paralizado por la Abogacía de la Generalitat a mediados de julio al detectar graves irregularidades en el documento, lo que ha retrasado la publicación del concurso y el inicio del diálogo competitivo" con las empresas que Rosado pensaba abrir a principios de julio para concretar la licitación.

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