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El Consell debe 12 millones a los 200 centros de Castelló a diez días del inicio de curso

La Generalitat no paga a los colegios e institutos desde enero y sólo se compromete a abonar "una parte" de la deuda esta semana Los directores advierten que la situación es límite ante la falta de recursos para comedor, transporte y gastos básicos de funcionamiento como luz o fotocopias

 
Foto de archivo de las movilizaciones de protesta por los recortes e impagos en la educación pública en Castelló el curso pasado.
Foto de archivo de las movilizaciones de protesta por los recortes e impagos en la educación pública en Castelló el curso pasado. carme ripollés
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NACHO MARTÍN CASTELLÓ
La Conselleria de Educación adeuda alrededor de 12,2 millones de euros a los 202 centros educativos públicos de primaria y secundaria de la provincia de Castelló a menos de diez días para que comience el curso escolar, según confirmaron ayer los colectivos de directores de los propios centros.
Los 151 colegios castellonenses y los 51 institutos aseguran que no han recibido ni una sola transferencia de la Generalitat desde el pasado mes de enero (dos cuatrimestres pendientes) y advierten que el gobierno del Consell (PP) está llevándoles a una situación límite que puede explotar con consecuencias impredecibles.
Además, los directores apelaron a la responsabilidad de la Generalitat Valenciana para asegurar el funcionamiento de los centros, que están sobreviviendo con sobrantes de 2011. "Sabemos que son tiempos difíciles, pero no podemos seguir así. La conselleria debe pagar porque de lo contrario no lo queremos ni imaginar; no sabemos lo que puede pasar. Queremos confiar en que la conselleria pagará lo que nos debe antes del inicio de curso".
Por su parte, la Conselleria de Educación afirmó ayer que pagará esta semana "una parte" de la deuda, aunque dejó entrever que será incapaz de comenzar el curso sin impagos. "Se puede lanzar un mensaje de tranquilidad a los colegios e institutos de Castelló porque van a cobrar al menos una parte esta misma semana, antes de que comience el curso. No podemos asegurar la totalidad, pero una parte se liquidará con toda seguridad", apuntaron los portavoces de Educación.
La incógnita es ahora cuánto abonará la Generalitat esta semana y si la cantidad será suficiente para iniciar el curso con los servicios mínimos y para devolver a los proveedores los gastos comprometidos durante los últimos meses. Uno de los casos más extremos es el de las becas de comedor y el transporte escolar, que, según la Asociación de Directores de Primaria de Castelló, han generado un impago acumulado cercano a los 10 millones de euros.
Según los responsables de las escuelas, la mayoría de pequeños y medianos proveedores de comedor están al borde de la quiebra absoluta. "La situación está muy muy mal. Algunas de las grandes empresas aún aguantan, pero las más pequeñas o familiares ya no pueden más y muchas están quebrando o con préstamos para cubrir lo que no han recibido desde hace meses. Y el problema será ahora para comenzar el curso, porque hay que comprar comida y abastecerse".
Y no sólo es una cuestión de comida o de cocineros. La conselleria también debe todavía el dinero para pagar a los monitores que acompañan a los niños. La tesitura tampoco es más reconfortante en lo relativo al transporte, que tampoco se ha pagado y este nuevo curso podría desaparecer en algunos de los municipios del interior debido a los nuevos recortes y baremos del Consell.
Esta incertidumbre también se refleja en los gastos básicos de funcionamiento, que tampoco se han cobrado durante los últimos ocho meses y siguen la misma estela del año anterior, durante el cual los centros se quedaron sin dinero para facturas tan obvias como las de calefacción, luz, agua, teléfono, Internet, material de papelería, tiza, fotocopias o papel higiénico. La deuda global con los colegios de Castelló por este concepto supera el millón de euros.
La partitura del impago se repite en los 51 institutos de las comarcas castellonenses, que tampoco han cobrado nada desde el pasado mes de enero, momento en el que el Consell pagó a los centros "in extremis" para intentar paralizar una manifestación masiva sin precedentes de profesores, padres de alumnos, sindicatos y estudiantes. En el caso de los institutos, el dinero pendiente se aproxima a los 1,2 millones.

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