El parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se "coló" ayer en la sesión plenaria del mes de agosto del Ayuntamiento de Vila-real. El debate político transcurría con cierta normalidad hasta que llegó el turno de ruegos y preguntas, donde aumentó la tensión entre los ediles del equipo de gobierno y de la oposición con varias llamadas de atención por parte del presidente de la corporación e interrupciones en los turnos de palabra. Desde la bancada popular preguntaron al edil de Esquerra Unida (EU), Alejandro Moreno, si estaba de acuerdo y apoyaba la actuación de Sánchez Gordillo, en relación al asalto que protagonizó a un supermercado.
Moreno, que traía escrita la respuesta porque esperaba alguna alusión, mencionó a Robin Hood en su respuesta y afirmó que "me solidarizo con el que lucha contra la pobreza, entendido así, soy cómplice" y cuestionó si los ediles del PP suscriben otros actos de miembros de su partido y que vulneran la legalidad.
"En un estado de derecho como el nuestro, nadie puede actuar fuera de la ley", indicó Folgado en alusión a los actos de Sánchez Gordillo, quien consideró que estas acciones "dañan la imagen de las ciudades donde gobiernan y ponen en peligro futuras inversiones comerciales".
La "extra" de Navidad
El concejal de EU volvió a ser preguntado sobre la renuncia a la paga "extra" de Navidad. Moreno, sorprendido por tener que responder a más de una pregunta en un mismo pleno, señaló que "desde EU nos solidarizamos con los trabajadores que han perdido su paga y, en este sentido, hemos hablado de hacer esa renuncia, pero siguiendo las normas para destinarlo donde se permita", A su vez, instó al partido de la oposición a "donar la paga de verano a ayudas a entidades sociales si tan implicados están".
Sanidad para todos
También Moreno, en esta ocasión como concejal de Cooperación, Solidaridad e Integración, propuso instar a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social a que continúe con el modelo sanitario en materia de inmigración existente en la Comunitat antes de la aprobación del Real Decreto Ley, que tildó de "injusto, inmoral y antiético" al dificultar la atención médica a las personas foráneas que carecen de papeles. Esta propuesta se aprobó por mayoría pese a que contó con la oposición del PP, al considerar que "garantiza la asistencia sanitaria y busca organizar el sistema de salud".
