El Ayuntamiento de Benicàssim va a debatir en el pleno de esta mañana la desestimación a la solicitud de Renos de inyectar capital público para seguir manteniendo abierta la piscina. La alcaldesa, Susana Marqués, indicó ayer que "desde el ayuntamiento estamos trabajando en llegar a un acuerdo con la empresa, pero desde luego no podemos considerar la inyección de capital público en la misma, ya que es una opción que vulnera la legalidad según los informes técnicos y jurídicos que tenemos".

Al ser el acuerdo de mañana el único posible, dentro de la marca la legalidad, Marqués espera el apoyo de los grupos de la oposición "y que por corresponsabilidad política voten a favor". Una vez que la desestimación se lleve a votación, el ayuntamiento realizará los pasos legales necesarios para determinar los efectos que lleva consigo la renuncia, indemnización de daños y perjuicios.

Prestación del servicio

Y una vez recuperada la titularidad del inmueble por el consistorio, se realizarán todas las gestiones necesarias para volver a prestar de nuevo el servicio en el menos tiempo posible, así como licitar un nuevo contrato.

"Nuestra voluntad siempre será la del diálogo con la empresa para que podamos superar la situación y que no afecte a los vecinos y vecinas de Benicàssim", añadió Susana Marqués.

Exigencia a la empresa

Por ello, el ayuntamiento va a instar a la empresa a cumplir el contrato y mantener en funcionamiento las instalaciones mientras se inicia el proceso de resolución del contrato. De momento, los trabajadores de la misma ya han recibido las cartas de despido y la empresa anunció en un comunicado el pasado lunes que cerrará la piscina a partir de mañana "dada la situación deficitaria que arrastra la explotación de la concesión de la misma".

Tanto PSPV como EU denunciaron la situación y recordaron que el equipo de gobierno conocía la decisión de Renos desde diciembre de 2011.