La protección integral de la costa norte todavía está en el aire. El Ministerio de Medio Ambiente ha fijado como fecha límite el próximo 20 de noviembre para determinar qué proyecto escogerá para frenar la regresión que están sufriendo las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva de Benicarló. Si Madrid da luz verde a la dotación presupuestaria, el ejecutivo local y los vecinos presionarán para que la obra se ejecute a lo largo de 2013, aunque desde el ministerio no se han comprometido a establecer ningún calendario de actuaciones alegando que no hay dinero.

"Estamos satisfechos pero con cautela", indicó el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, y es que "hemos vuelto sin oír lo que queríamos oír", apuntó el edil de Urbanismo y Medio ambiente, Pedro López. Así de precavidos hicieron el alcalde y el edil las primeras valoraciones en torno a la reunión mantenida en Madrid con el subdirector general de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Ángel Núñez. La entrevista permitió fijar el 20 de noviembre como plazo máximo para decidir definitivamente el proyecto que se ejecutará para proteger la costa Norte de Benicarló.

De este modo, los vecinos presentarán a finales de octubre el informe definitivo, con los datos actualizados de la última batimetría efectuada hace dos semanas y que arrojará nuevos datos sobre la situación de Aiguadoliva. Una vez remitido el documento, será del 15 al 20 de noviembre cuando el ministerio comunicará en el ayuntamiento si opta por el proyecto que elaboró en su día la empresa Acciona o si apuesta por el proyecto elaborado por el catedrático de la Universidad Jaume I y experto en dinámica del litoral, Diego López, que los representantes municipales entregaron a Muñoz, acompañados también por el presidente de la Asociación de Vecinos Riu, Surrac y Aiguadoliva, Manuel Roca. El proyecto de López, encargado por el propio colectivo vecinal, incluye un estudio exhaustivo de la costa y propone, entre otros, la construcción de 8 espigones para frenar la regresión. Uno de los aspectos más positivos del proyecto de López es que valora todas las actuaciones en 9 millones de euros, mientras que el proyecto de Acciona supera los 47 millones de euros. Precisamente, la cuestión económica es uno de los escollos más importantes para ejecutar las actuaciones necesarias.