El investigador histórico Policarpo Sánchez, especialista en patrimonio incautado, ha decidido acudir a los tribunales para reclamar a la Generalitat catalana la restitución al Archivo Nacional de Salamanca de documentos de ciudadanos castellonenses requisados durante la Guerra Civil.
Tras varias denuncias en los medios, Policarpo Sánchez compareció ayer en Salamanca para anunciar que va emprender acciones judiciales para que el gobierno catalán "devuelva al Archivo de Salamanca documentación que recibió ilegalmente en los años 2010 y 2011". Entre los papeles que reclama, se encuentran documentos vinculados a Castelló, como carnés de afiliados de la CNT o libros de actas de los sindicatos interceptados por tropas franquistas.
El Parlamento español aprobó en noviembre de 2005 la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil, que han permanecido custodiados en el Archivo General. Tras la aprobación de la ley, representantes de las administraciones central y autonómica constituyeron una comisión mixta para analizar la documentación y trasladar al Archivo de Cataluña los papeles interceptados en esa comunidad. El investigador Policarpo Sánchez ha venido denunciando que al amparo de la citada ley ha salido documentación de madrileños, aragoneses, asturianos o valencianos a los que se incautó la documentación en Cataluña pero que no tienen ningún vínculo con esa comunidad. Incluso asegura que, en algunos casos, no está demostrado que fueran papeles interceptados en suelo catalán.
Vulneración
"Voy a reclamar judicialmente el retorno a Salamanca de documentos de particulares que fueron entregados a Cataluña vulnerando la ley, pues se incautaron fuera de esa comunidad autónoma. Otra documentación fue incautada en Cataluña, pero también fue ilegal su envío pues pertenecía a particulares que no tenían allí su residencia. Era gente destinada en Barcelona como militar, eran refugiados o que pasaron por Barcelona hacia Francia. Por el hecho de que la guerra les empujara a Barcelona no les convierte en catalanes ni sus archivos en patrimonio de la Generalitat", aseveró ayer.
Sánchez anunció que la suya "no será la primera acción judicial contra la Generalitat de Cataluña por el envío de documentos del Archivo de Salamanca". Según dijo, la administración catalana "falsificó la identidad de los propietarios de muchos documentos del Archivo de Salamanca, al objeto de apropiárselos. La maniobra consistía en que los titulares aceptasen que sus documentos permaneciesen en el Archivo Nacional de Cataluña, mediante contratos de comodato. Cuando existían dudas en la Generalitat de lograr ese objetivo, elegían un falso titular que aceptaba la trampa".
