Los beneficiarios de las ayudas de la dependencia claman contra el drástico recorte que ha aplicado la Generalitat desde el pasado 30 de octubre, cuando entró en vigor una orden que revisa las condiciones de acceso a las prestaciones. El Consell justificó ayer que se limita a aplicar los dictados del Gobierno central.
Son muchos los casos de familias de la provincia que han constatado una importante merma de las ayudas que percibían para el cuidado de personas dependientes. Una mujer de Castelló, madre de una chica con un 85 % de discapacidad y de otros dos hijos, explica a este diario que percibía 432 euros al mes y la ayuda ha quedado reducida a apenas 20 euros. Este recorte del 95 % es fruto de la fórmula que ha establecido la Generalitat para calcular la cuantía de las prestaciones económicas, que es el resultado de sumar el coste del servicio y la cantidad mínima garantizada para luego restarle la capacidad económica de la persona beneficiaria.
La mujer critica que no se tengan en cuenta otras factores, como el hecho de ser familia numerosa o la cuota de la hipoteca. Denuncia las dificultades que comporta sufragar las múltiples atenciones que requiere su hija sin el respaldo de la administración, a las que hay que añadir "el pago de los pañales o los medicamentos" que ya no están subvencionados. El suyo no es un caso aislado. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castelló ha convocado una manifestación este viernes frente a la sede del Consell en la capital de la Plana. La misma protesta tendrá lugar en Alicante y Valencia.
Respuesta de la consellera
Al respecto, la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, explicó ayer en Castelló que el ajuste en las ayudas a la dependencia ha sido una "adaptación a lo que se acordó en el Consejo Territorial (de Servicios Sociales y Dependencia) en junio de 2012 y que obliga a las comunidades autónomas a coger todas las ayudas que se estaban prestando y adaptarlas a la nueva normativa", incidió.
Las ayudas que hasta ahora se recibían en dependencia, agregó, "hay que adaptarlas a una normativa en la que se recogen también otras ayudas y otras prestaciones que se puedan estar cobrando y en función de eso, se les asignará una cantidad a cada persona, que en algunos casos será inferior y en otros superior". El próximo día 14, la consellera mantendrá una reunión con estas plataformas para consensuar y trabajar "en beneficio de las personas" desde "el diálogo y el consenso".
Por otra parte, Asunción Sánchez Zaplana, que visitó Cáritas Diocesana Segorbe-Castelló, explicó que durante este mes de febrero se seguirán realizando los pagos pendientes con las asociaciones y colectivos de atención de personas mayores, menores y dependencia. Según dijo, se ha hecho un último pago de aproximadamente 32 millones de euros para cubrir "toda la atención de los centros ocupacionales, el 100 % de la deuda que se mantenía con ellos y el 100 % de la atención de enfermedad mental en centros ocupacionales también". En ese pago también se han contemplado aportaciones para las diferentes direcciones generales y programas de atención de mujer, menor, inmigración y familia, según detalló la consellera.
La diputada de EUPV en las Corts Valencianes Esther López Barceló ha calificado de "crueldad sin precedentes" el recorte de las ayudas al sector de la dependencia. "Este tijeretazo es la peor de las sentencias de condena a un sector sumamente vulnerable y que está sufriendo desde ya hace muchos meses los impagos, la desidia y la insensibilidad del Consell", ha denunciado.
