La Junta Rectora del Parque Natural de Penyagolosa aprobó por mayoría esta semana una resolución que pide al Consell que dé marcha atrás en el despido del 70% personal de los parajes de Castelló y advierte del grave impacto contra el ecosistema y la economía de la zona. Además, subraya que podría también desaparecer el servicio público a la ciudadanía, según confirmaron fuentes del organismo.

El acuerdo está respaldado por ecologistas, representantes de la sociedad civil, universidad y mundo científico y cuenta sólo con el voto desfavorable de los representantes de la Generalitat Valenciana, artífice del ERE de la entidad pública Vaersa.

En primer lugar, el texto lamenta los efectos sobre los trabajadores. "La reducción de plantilla (agravada por la forma en la que se ha realizado) afecta muy negativamente a la situación laboral de las personas afectadas y al resto de trabajadores que continúan en activo. Este impacto es especialmente grave porque afecta a personas que hacían un trabajo de máxima calidad".

En cuanto al desarrollo del interior castellonense, argumenta que el recorte de técnicos, unido a la reducción de jornada de las personas que continúan trabajando, "tiene un impacto negativo en la economía de una zona deprimida y con escasas posibilidades de generación de empleo, lo cual amplía los efectos negativos de esta destrucción de puestos de trabajo y afecta a su desarrollo socioeconómico".

También hace hincapié la junta en el impacto sobre el medio ambiente y el servicio de educación y turismo de naturaleza: "La reducción del personal técnico implica poner gravemente en peligro la continuidad de los trabajos que se realizan en el parque (conservación, gestión del centro de interpretación, investigación, educación ambiental, información a visitantes, divulgación y uso recreativo); e incluso puede suponer la desaparición del servicio público que se ofrece a la ciudadanía castellonense".

Es su reacción después de que el Consell haya despedido al 70% de los técnicos de parques naturales de Castelló mediante un ERE (expediente de regulación de empleo) que afecta a 47 empleados en los 8 espacios protegidos de la provincia.

Este despido masivo incluye en su mayoría a técnicos de conservación, aunque también engloba a brigadas que estaban adscritos como personal del paraje.

Dicha decisión ha dejado a los 8 parques naturales de Castelló solamente con un técnico de conservación por paraje. La medida se recrudece aún más en el caso del Desert de les Palmes y el Prat de Cabanes-Torreblanca, donde un solo técnico tendrá que desdoblarse para atender los dos parques con la única ayuda de dos guías.

En el resto de los casos habrá un técnico por parque. Una de las primeras consecuencias ha sido la decisión de cerrar los domingos y los lunes los centros de interpretación para visitantes de todos los parajes de Castelló (excepto el Desert y Espadà). El Consell alega que no tiene persona y que es una decisión que trata de "optimizar el personal que queda". Según sindicatos y expertos en conservación, será imposible mantener una conservación real y se generará un abandono.