Otro frente abierto de la Cofradía de Pescadores San Telmo de Benicarló es el relativo a la retirada de residuos que se generan en el puerto. Desde este domingo ha dejado de efectuarse este servicio por parte de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente.
La intención de la cofradía es seguir reclamando este servicio a la autoridad competente, ya que desde el consistorio ya se ha señalado que el puerto depende del Consell y tampoco hay dinero para ello.
El ayuntamiento tiende la mano
Por su parte, ayer fuentes del Ayuntamiento de Benicarló aseguraron no tener constancia oficial de que la empresa encargada de la recogida de residuos en los contenedores del puerto dejara de acometer este servicio. El edil de Medio Ambiente, Pedro López, lamentó que la polémica haya tenido tanta repercusión en las redes sociales y tendió la mano a la cofradía de pescadores para negociar una salida "beneficiosa para todas las partes".
López explicó que el ejecutivo local "nunca se ha negado a hacerse cargo de la limpieza del puerto" y es que oficialmente el consistorio no cuenta con ninguna comunicación oficial que advierta de que la empresa adjudicataria dejara de efectuar la recogida de residuos orgánicos en el puerto el pasado 15 de septiembre.
Según el edil benicarlando, para resolver este conflicto es necesario que el Ayuntamiento de Benicarló y la cofradía "vayan de la mano para negociar y encontrar una solución, en vez de que la cofradía vaya por ahí pasándole el muerto al ayuntamiento sin que tan siquiera hayamos negociado".
El responsable de Medio Ambiente puntualizó que la recogida de residuos se financia de los impuestos que los ciudadanos pagan a través de las diferentes tasas, sin embargo, el puerto "no paga ninguna", por lo que se preguntaba que si a partir de ahora se recoge esta basura sin más, "¿no estaremos haciendo un agravio comparativo con el resto de benicarlandos?".
El edil abogó por encontrar una solución consensuada entre pescadores y ayuntamiento, y justificó la medida adoptada por la Generalitat de rescindir este servicio teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria cobraba 800.000 euros: "una barbaridad", a su juicio, por limpiar cuatro puertos.
