Una sentencia dictada por el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Castelló obliga a la Generalitat Valenciana a seguir abonando a una mujer la subsidiación --ayuda para la subvención de un porcentaje de la cuota de préstamo por la compra de una vivienda protegida--, al considerar que se está ante un "derecho ya reconocido".

Según ha señalado la Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda, se trata de la primera sentencia sobre la supresión de la subsidiación VPO que ha sido favorable al demandante, y asegura que la resolución "abre un nuevo escenario para la recuperación en vía judicial de los derechos que fueron suprimidos injustamente mediante directrices del Gobierno de Rajoy".

Así, la entidad explica que la afectada había recibido una notificación de la Generalitat Valenciana en la que no se admitía a trámite la petición de renovación de subsidiación, "que se basaba en unos criterios interpretativos del artículo 35 del RDL 20/2012", calificado por la Plataforma como "el famoso primer decreto de los recortes".

Así, señala que "frente al criterio de la Generalitat", la Justicia reconoce que se trata de "un derecho ya reconocido", lo que significa, según la Plataforma, que la Administración "pretendía sustraer retroactivamente el derecho del afectado a percibir la subsidiación, un reconocimiento que se nos negaba desde la administración a instancias del Ministerio de Fomento y de su titular, la ministra Ana Pastor".

Con esta sentencia, añade el colectivo, "la Generalitat debe pagar ya al afectado, no solo las mensualidades aún no pagadas, sino también los intereses de demora y las costas del juicio, a la vez que debe restablecer el pago de mensualidades".

Desde la Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valencina, se exige a la Administración que, "una vez deslegitimada en su intento de socavar nuestro derecho, restablezca la subsidiación para todos los afectados", pues "no es justo que los afectados debamos acudir uno a uno a la vía contenciosa, asumiendo elevadas tasas, para recuperar lo que es legítimamente nuestro".

Así mismo, considera que la decisión judicial, "en tanto que reconoce el derecho de los afectados, deslegitima también, en un sentido político y social, los posteriores intentos del Gobierno de suprimir nuestras ayudas, en concreto, la reciente inclusión de la disposición adicional segunda en la Ley 4/2013".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Por último, exige "responsabilidades políticas" a todos aquellos cargos que, "desde su situación de prepotencia, han orquestado esta supresión de nuestros derechos que la Justicia ha deslegitimado".

La Plataforma ha explicado que son más de 50.000 los hogares afectados en la Comunitat Valenciana y critica que "con la supresión de la subsidiación, deberemos pagar entre 90 y 300 euros más al mes por nuestra hipoteca protegida".