El Ayuntamiento de Vila-real ha recibido una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anula una modificación urbanística en el entorno de las antiguas naves de Fritta. El proyecto contemplaba, entre otros, la construcción de un edificio "singular, de calidad arquitectónica visual, impactante y con un máximo de 20 altura" con 90.000 metros cuadrados de techo.

En concreto, esta sentencia vuelve a anular, como ya sucedió en julio con otro proceso por el mismo asunto, las modificaciones del PGOU en las manzanas 532 y 533, aprobadas definitivamente en 2010 mediante una resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Este fallo judicial responde a un recurso contencioso-administrativo presentado por uno de los propietarios afectados. El vecino inició un procedimiento diferente al del otro grupo de titulares de terrenos en la zona a los que la justicia dio la razón hace un par de meses.

Entre los motivos que el TSJ alega para tomar esta decisión es que se produjo, como recogió la primera sentencia, "una flagrante violación de los principios del justo reparto de las cargas y ventajas del planeamiento", ya que el planteamiento de las administraciones dejaba "en manos de muy pocos las ventajas y somete a la mayoría de los propietarios a un déficit injustificable de edificabilidad terciaria y a unas cargas excesivas".

Otro de los argumentos de la sentencia alude a que la tramitación de las modificaciones se produjo de forma paralela a la información pública del plan general, "donde estos mismos suelos que aquí se califican de terciarios allí se clasificaban de residenciales (É), probablemente con el intento de compensar de manera diferida en el futuro plan general los desequilibrios que ahora se creaban".

Así pues, el responsable de Urbanismo, Emilio Obiol, indicó que "la resolución judicial viene a poner de manifiesto una flagrante irregularidad, la que supone el uso de un instrumento de interés general, como es el PGOU, al servicio de un interés particular".

Obiol lamentó "el absoluto descontrol y la pésima gestión urbanística realizada por el anterior equipo de gobierno, que de nuevo vuelve a poner en dificultades a la ciudad de Vila-real, como ratifica este fallo judicial". "Confiamos en que la sentencia no tenga mayores repercusiones en el consistorio", añadió Obiol, que recordó que el consistorio ha pagado más de tres millones de euros en sobrecostes derivados de sentencias urbanísticas.