El Ayuntamiento de Castelló quiere evitar demoliciones de viviendas en la Marjaleria, pero mantiene en trámite los expedientes sancionadores en viviendas irregulares de la zona -algunos con órdenes de derribo-, de los que 67 están siendo investigadas por la justicia. Como muestra, el ejecutivo local acaba de remitir modificaciones a varios vecinos de la zona en las que demanda el pago subsidiario de hasta 26.o00 euros para hacer frente a los trabajo de derribo, según explicaron fuentes de la plataforma de afectados.
El alcalde, Alfonso Bataller, destacó a este diario que su objetivo es reactivar el plan especial, que fue aprobado en 2006 con el objetivo de regularizar las 3.000 viviendas levantadas en las décadas anteriores sin autorización. Aunque afirmó que los trámites sancionadores continuarán, expresó su intención de que ninguna edificación acabe derruida. «Creo que no habrá (derribos) próximamente, porque nuestra política es la de darnos un tiempo para desarrollar el plan especial. En principio, está fuera de nuestro objetivo derribar alguna casa», sostuvo el alcalde, quien subrayó su propósito de avanzar con el plan especial para legalizar las edificaciones «históricas» que todavía no han sido regularizadas. No obstante, aseguró que no dará más licencias de obra nuevas
El programa de la marjaleria incluye 54 programas de actuación integrada y dotaciones públicas valoradas en 20 millones y califica de urbanizable 4 de los 7 millones de metros cuadrados de la zona. Sin embargo, la crisis frenó su desarrollo en 2008. El ejecutivo local ha tramitado desde 2006 cerca de 700 expedientes sancionadores contra viviendas levantadas en suelo protegido, pero no ha materializado ninguna ejecución de derribo. Ahora, la Audiencia Provincial investiga la situación de 67 casas que fueron sancionadas por el consistorio a petición del grupo ecologista Gecen.
El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, ha reiterado en diversas ocasiones que el ayuntamiento cumple con la legislación urbanística y ha trasladado a los afectados que los trámites sancionadores son irreversibles y han de seguir su curso. 50 vecinos de la marjaleria han creado por ello una nueva plataforma para defender su supervivencia. El ayuntamiento descarta una amnistía, pero espera no llegar a tirar abajo alguna casa. Por ahora, carece de partida presupuestaria para llevar a término esta acción.
