A las 12:36 de ayer quedó visto para sentencia el «caso Fabra» tras diez sesiones de juicio y casi una década de proceso. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castelló calcula que el fallo estará listo en el plazo de un mes, aunque todo indica que el caso viajará a Madrid ante el previsible recurso de alguna de las partes ante el Tribunal Supremo.
Fuentes de la Audiencia trasladaron a este diario su previsión de que la sentencia esté elaborada a partir de la tercera semana de noviembre. «Es un plazo razonable», apuntaron. En las próximas semanas, los tres magistrados del tribunal estudiarán las pruebas aportadas a lo largo del proceso y los argumentos expuestos por las tres acusaciones y las cinco defensas.
El juicio ha aportado poco respecto a la larga instrucción que se siguió en el juzgado de Nules. El tribunal decidió contentar a todas las partes citando a 70 testigos y el proceso ha demostrado que era innecesario llamar a tanta gente. De hecho, hubo una sesión que se anuló porque nadie tenía interés en preguntar a las personas convocadas. Alguna prueba testifical se ha ventilado en menos de un minuto, sin aportar nada relevante ni novedoso. El fiscal Anticorrupción se ha mostrado tibio en los interrogatorios, aunque mantiene todas sus acusaciones sobre Fabra, para quien pide 13 años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Más contundente se ha mostrado la abogada del Estado, mientras que el abogado de la Unión de Consumidores se ha visto sobrepasado por un caso en el que aterrizó semanas antes del juicio.
Unos testigos han ratificado lo que ya dijeron en fase de instrucción y otros han alegado no recordar unos acontecimientos que sucedieron hace 15 años. Si hay un cambio de versión llamativo es el de Vicente Vilar, uno de los cinco acusados. El empresario de Artana que desencadenó el proceso con sus querellas en Nules sorprendió el día de su interrogatorio -además de por su atuendo compuesto por pantalón corto, polo, zapatillas deportivas-cuando dijo que se inventó las acusaciones contra Fabra porque estaba «cabreado» con él por no apoyarle en la denuncia por violación. Este giro de Vilar parece responder a una estrategia de defensa para evitar que le caiga una nueva condena por cohecho.
Máxime cuando podría beneficiarse pronto de un tercer grado y salir de la prisión de Albocàsser, en la que cumple pena de diez años por violar a su exmujer. El tribunal decidirá con qué relato se queda: el de la instrucción, con los hechos más recientes; o el del juicio.
En el caso se juzgan los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública. Respecto al primero, ha quedado demostrado que hubo reuniones de Fabra al más alto nivel relacionadas con los productos fitosanitarios, aunque otra cosa es que sean constitutivas de delito. Sobre el cohecho, nadie ha presenciado las supuestas entregas de maletines y bolsas con dinero. Los magistrados determinarán si los pagos que realizó Vilar a la consultora de Fabra (Carmacas) son por unas difusas labores de asesoramiento o en recompensa por sus mediaciones ante los ministerios.
El tema fiscal
El asunto más espinoso es el fiscal, que afecta a Carlos Fabra y a su exmujer,María Amparo Fernández. En la batalla de los peritos se impusieron los de Hacienda sobre los de Fabra. Los inspectores de la Agencia Tributaria defendieron de forma contundente sus informes sobre los ingresos no justificados, de los que se deducen cuatro presuntos fraudes fiscales de Fabra y tres de su exmujer (las acusaciones han retirado a esta última el del año 1999 por prescripción). También destaparon los gastos en casinos de Fabra y los premios de la lotería, a la vez que revelaron que el modo de operar del político es el propio del blanqueo de dinero negro. Esta última aseveración es llamativa pero no afecta al caso porque no se enjuicia el delito de blanqueo de capitales.
La defensa de Carlos Fabra ha explorado todas las vías para contrarrestar las acusaciones fiscales. Sin entrar en el fondo, busca su anulación con argumentos como el de la prescripción, la «contaminación» de los peritos o los supuestos defectos durante el proceso de la inspección.
Por si fallaran estos argumentos y hubiera condena, solicita dos atenuantes de pena. Una por dilaciones indebidas, ya que el proceso se ha demorado una década. Otra por cuasi prescripción de los delitos que se imputan. Con estas peticiones busca rebajar al mínimo las posibles condenas y evitar así la entrada en prisión de Fabra.
