La UJI salva su futuro económico al ganar dos sentencias que suponían pagar 8,7 millones de euros

El TSJ da la razón a la universidad en dos litigios por la construcción de Humanas y por expropiaciones

04.11.2013 | 00:24

La Universitat Jaume I ha ganado en las últimas semanas dos sentencias judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) -pendientes de la época de Francisco Toledo- que le salvarán de pagar indemnizaciones por valor de 8,7 millones de euros, lo cual hubiera sumido a la universidad en una grave situación financiera y la hubiera obligado a recurrir a comprometidos préstamos adicionales, según confirmaron fuentes universitarias y judiciales.
Esta victoria aporta una bombona de oxígeno a la UJI, que está viviendo una situación crítica debido a los impagos y al recorte en la financiación de la Generalitat, que en los dos últimos años le ha reducido en cerca de un 16% el presupuesto. Este año, la subvención ordinaria vuelve a descender y se situará en alrededor de 61 millones de euros.
Ahora, gracias a las dos sentencias, la Jaume I no tendrá que endeudarse para poder pagar las indemnizaciones, aunque ello no implica que disponga de financiación adicional, ya que no había una partida reservada para el supuesto de que se perdiera el proceso.
La primera causa judicial es la continuación del mismo procedimiento que en junio de 2010 obligó a la universidad castellonense a pagar 800.000 euros. En aquella ocasión, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ratificó una resolución del Tribunal del Justiprecio respecto a un proceso de expropiación de terrenos acometido en el año 2000. En este caso, la universidad anunció que no presentaría recurso y abonó la cantidad correspondiente a los propietarios (800.000 euros).

Supremo
Parecía que la cuestión estaba resuelta. Sin embargo, uno de los propietarios afectados llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que admitió a trámite un recurso que pedía 3,7 millones de euros adicionales y finalmente no a prosperado.
La segunda indemnización -y la más cuantiosa- hacía referencia a una compensación de 5 millones de euros demandada por la constructora Ferrovial y ya existía una sentencia condenatoria que finalmente la UJI ha ganado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.
El fallo judicial provenía del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castelló y obligaba a pagar 5 millones de euros a la constructora Ferrovial para compensar así una diferencia económica de 3,5 millones de euros (más intereses) que fue motivo de discrepancia entre la universidad y la concesionaria en el momento en el que culminaron las obras de la nueva Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (2003).
La notificación de ambos fallos fue una de las preocupantes noticias de bienvenida que recibió en junio de 2010 al entonces recién incorporado equipo rectoral, liderado por Vicent Climent.
No obstante, la sentencia ha sido tajante y da la razón a la UJI al considerar que el juzgado se excedió en la cuantía indemnizar y que, además, dicha compensación no procede porque se basó en un informe pericial erróneo e irregular. Así lo expone el tribunal textualmente: "En el presente caso resulta clara la incongruencia por exceso contenida en el fallo de la sentencia, no subsanada, habida cuenta que la parte actora concretó su reclamación en 654.733 euros y en la parte dispositiva de la resolución apelada se reconoce la suma de 797.775 euros".

Informe
En cuanto al informe pericial, "este tribunal considera que no es acogible la conclusión alcanzada en el informe pericial judicial, habida cuenta la multitud de irregularidades que en el mismo se han apreciado, que algunas de ellas por el mismo perito también se admiten, las cuales alcanzan la existencia de duplicidad de mediciones, que llegan a suponer el 18% del total de la medición, incrementos de medición no justificados (...) y en fin, fijación de precios contradictorios en base a documentos aportados por una sola de las partes. Todo ello lleva al tribunal a negar la fiabilidad al dictamen pericial y considerar que la sentencia apelada ha incurrido en error en la apreciación de la prueba".
El consejo de dirección de la Universitat Jaume I y la gerencia consideran ambas sentencias como muy positivas y como la culminación del trabajo de saneamiento de que inició a su llegada el equipo de Vicent Climent. "Se evita situación muy grave que nos hubiera obligado a solicitar préstamos. Se ha conseguido sanear cuentas y eliminar el déficit de tesorería de -23 millones de euros y hemos evitado un pago de 8 millones. Es el fruto de un intenso trabajo", concluyeron.


Los integrantes del Front d'Estudiants per la Universitat Pública celebrarán esta tarde una asamblea en la que analizarán lo ocurrido durante la Setmana de Benvinguda, especialmente la polémica generada por la celebración de un charla a cargo del excolaborador de ETA Juan Ramón Rodríguez 'Juanra', que había sido prohibida previamente por el rectorado.
En ese sentido, anunciaron el inicio de "una campaña de solidaridad" ante las "amenazas" del rectorado de abrir expedientes disciplinarios a los impulsores del evento, que califican de "ataque" a la libertad de expresión. Por ello, piden a los estudiantes que graben un vídeo de apoyo en el que incluyan una consigna de apoyo al colectivo.
Desde el Front emitieron además un comunicado en el que negaron haber empleado la violencia a la hora de acceder a un aula para que se desarrollara la charla. Según argumentaron, "el Front había pactado con una profesora la entrada al aula magna de Humanas pero, cuando llegó la hora, la puerta apareció cerrada". "Se cogió un aula que estaba totalmente vacía y el público se acomodó, de modo que cuando llegó la profesora que tenía que dar allí clase, se le pidió pacíficamente que se trasladara al aula magna, que seguía vacía", aseveraron.
En cuanto al hecho de que el conferenciante invitado fuera un excolaborador de la banda armada, desde el Front aseveraron que "la conferencia era sobre la música combativa y las trabas a la hora de actuar". "Este músico fue condenado en el pasado por unos hechos que no tienen nada que ver con la conferencia, hace años que cumplió la pena y sus derechos civiles han sido plenamente restituidos".
A su vez, los integrantes del colectivo recriminaron en el escrito que el hecho de que no se permitiera el acceso de los conferenciantes a la Universitat "vulnera la libertad de expresión, de reunión y de circulación", además de "atentar contra las competencias del órgano estudiantil de la UJI".

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