Los problemas de los propietarios de viviendas públicas de Castelló se agudizan. A los impagos de las ayudas públicas que acumulan desde hace cuatro años se suma el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles. Ahora, los beneficiarios de 274 viviendas sociales que proceden del antiguo Instituto de la Vivienda Valenciana (Ivvsa) asumen el pago de un tributo que hasta este año ha venido costeando la Generalitat. 228 son inquilinos que residen en alquiler y también participan a pesar de no ser de su propiedad , según denunciaron ayer afectados y confirmaron fuentes del Ejecutivo valenciano.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha reducido su presupuesto en materia de vivienda y ha empezado a derivar desde verano los recibos del IBI a los pisos de la extinta Ivvsa -ahora en manos de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat-, mientras ha paralizado esta penalización en otros 1.112 pisos del patrimonio público. Los dos modelos acogen gente con escasos recursos y desde hace dos décadas el pago de la contribución ha corrido a cargo de las arcas autonómicas.
Y el Consell no sólo carga el IBI a los propietarios de viviendas, sino también a los residentes de alquileres, un impuesto que en el parque inmobiliario privado de alquiler es asumido por los propietarios y no por los inquilinos. Se tratan de personas que perciben unos reducidos subsidios de unos 600 euros al mes y que han de hacer frente de media al pago de 163 euros en tres cuotas fraccionadas.
"Necesitamos el dinero del IBI porque nos hace falta para comer", subrayan algunos de los vecinos afectados.
La conselleria estudia la posibilidad de fraccionar este tributo en doce mensualidades en las 274 viviendas del Ivvsa y negocia con los ayuntamientos la aplicación de bonificaciones en el IBI, mientras tiene suspendida esta medida en el grupo de 1.112 casas del patrimonio público.
Fuentes de Territorio y Vivienda subrayaron que los residente de las viviendas del patrimonio publico son más bajas que las del Ivvsa. No obstante, los inquilinos de las casas de la antigua Ivvsa también cuentan un nivel económico limitado, con lo que pago extra tiene un efecto demoledor sobre sus economías.
Cabe recordar, asimismo, que la Generalitat adeuda desde 2009 las ayudas a la vivienda a 50.000 valencianos, de los que cerca de 5.000 son de Castelló. El Consell suspendió en dicho año la concesión de esta subvención por la caída de ingresos y ahora sólo asegura el pago de un poco más de un millón para los casos más extremos.
"Es una medida antisocial"
El PSPV en las Corts ha presentado una proposición no de ley en la que reclama la derogación de la medida que posibilita el pago de esta medida. A juicio de la diputada autonómica del PSPV, María José Salvador, "es una iniciativa antisocial. No es cuestión de si es legal o no, hablamos de justicia y moral".
Salvador recordó que el Ivvsa venía pagando el IBI de sus fincas desde hace 20 años y advirtió que sus vecinos tiene una escasa capacidad económica para afrontar este gravamen.
