La antigua propuesta estrella de la Ciudad de las Lenguas del Grau de Castelló pasa a mejor vida y el ayuntamiento sólo prevé desarrollar una red de pequeños centros de formación de idiomas en inmuebles ya existentes de la ciudad, tal como avanzó el viernes el alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller. El primer edil no renuncia a un proyecto idiomático en el aeródromo, pero esta propuesta, si algún día se llega a materializar, no se parecerá en nada a la idea original que en 2005 cocinaron el entonces presidente del Consell, Francisco Camps, y el exalcalde de la ciudad, José Luis Gimeno. Bataller ya ha eliminado incluso el propio nombre de la Ciudad de las Lenguas.
La historia de la extinta Ciudad de las Lenguas se inició hace ocho años en una operación política en el Ayuntamiento de Castelló. El entonces alcalde, José Luis Gimeno, quien llevaba desde 1991 en el cargo, fue invitado por la dirección de su partido a ceder la vara de mando municipal a su mano derecha, Alberto Fabra, y como contraprestación, el presidente del Consell, Francisco Camps, lo nombró consejero delegado de Castelló Cultural -con salario de director general- con la misión de poner en marcha un faraónico proyecto denominado como la Ciudad de las Lenguas.
Gimeno lo dirigió de 2005 a 2008 con la ayuda de una secretaria, chófer y el asesor José Luis Tirado "Josety". En dichos tres años sus gestiones fueron nulas y de aquella época quedan en el recurso un estrambótico boceto de diseño, que recogía la construcción de una pista de baile con una capacidad de 2.000 personas y la contratación de tramoyistas, y las discusiones de Gimeno por carta con el Instituto Cervantes.
La Conselleria de Economía, a través de la sociedad pública de Proyectos Temáticos, pegó en 2008 un golpe de timón, asumió la dirección de la Ciudad de las Lenguas y apartó a Gimeno de esta función, aunque el exalcalde siguió en Castelló Cultural hasta enero de 2013.
Economía prosiguió con nuevos estudios que parecía que relanzaban el proyecto pero que al final se quedaron en el papel. Así, abrió un concurso público para adjudicar la redacción de un máster plan de la Ciudad de las Lenguas, con un coste para el erario público de 174.000 euros. La propuesta ganadora la elaboró el despacho de arquitectos de Carles Ferrater, que en una pastilla de 425.000 metros cuadrados del aeródromo del Grau - siguiendo las indicaciones marcadas por el propio Gobierno valenciano-, planificó usos recreativos, residenciales, hoteleros y deportivos, humedales y franjas dunares. Su nombre era Samaruc y la oferta educativa quedaba relegada frente a la de ocio. El presupuesto de las obras ascendía a los 288 millones, de los que 199 los debía aportar la iniciativa privada a través de concesiones y los 89 restantes a la Administración autonómica.
El Consell ratificó el diseño de Ferrater en enero de 2011, estableció una construcción por fases y previó la apertura en 2017. Sin embargo, tras las elecciones autonómicas de dicho año, la Generalitat aplicó su primer plan de austeridad y pospuso el inicio de las obras por la crisis económica. Mientras tanto, Proyectos Temáticos, en manos tras la cita electoral de la Conselleria de Cultura, encargó nuevos estudios, concretamente otro plan de negocio de 40.000 euros para redimensionar a la baja la propuesta de Carles Ferrater e incluir en la oferta lingüística idiomas extranjeros, además del castellano.
Paralización
El plan de negocio fue presentado en junio de este año e incorporó un severo recorte en el proyecto inicial. La inversión se redujo un 58 % y se rebajó a la mínima expresión las dotaciones residenciales y de ocio.
A la par, el ayuntamiento ha recuperado la titularidad de los terrenos, aunque ha dejado al aeroclub continuar en el lugar hasta la reactivación de la Ciudad de las Lenguas. Castelló aplaza por tiempo indefinido el centro del Grau, le cambia el nombre y ahora aspira a convertir a la capital en un referente del turismo idiomático a través de un red de pequeños centros de formación en edificios municipales de la ciudad. El Consell ha gastado 300.000 euros en ocho años de trámites.
