La Conselleria de Medio Ambiente aseguró ayer que responderá con «total transparencia» a todos los requerimientos de la Fiscalía en la investigación penal sobre la autorización de 33 «paranys científicos» y reiteró que los permisos se dieron «siguiendo estrictamente la legalidad», aunque los anuló después de que el fiscal abriera diligencias.

Esta ha sido la respuesta de Medio Ambiente después de que saliera a la luz que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal contra la Generalitat y que le ha requerido diversa documentación del expediente. Según denuncian los colectivos ecologistas, esta autorización extraordinaria ha permitido capturar alrededor de 30.000 aves a la Universitat Politécnica de Valencia en colaboración con la Asociación de Paranyers de Castelló (Apaval). Uno de los aspectos más criticados de la autorización fue que daba vía libre a cerca de 200 «paranyers» a cazar de forma autónoma en los «paranys» sin ningún control directo por parte de las autoridades.

Según fuentes de la Generalitat, a mediados de octubre la Fiscalía ya remitió un requerimiento a Medio Ambiente, que ya respondió con un escrito inicial. En este impás, la conselleria anunció el 10 de noviembre la inmediata suspensión de la autorización de caza a los 33 «paranys científicos» y alegó que consultará su legalidad con la Comisión Europea, aunque lo hizo con la temporada tradicional ya terminada.

La suspensión del permiso desató las críticas de Apaval y la Conselleria de Medio Ambiente respondió que la concesión de los «paranys científicos» había sido otorgada a la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) -no a Apaval- y que ha sido suspendida porque la UPV no ha respondido ni aportado ninguna documentación para demostrar que no eran ciertas las irregularidades denunciadas en tres recursos de alzada de SEO/Birdlife, Acció Ecologista-Agró y la Societat Valenciana d'Ornitologia.

Ahora, el Consell ultima una respuesta complementaria a la Fiscalía con documentación adicional. Así lo explicaba ayer el director general de Medio Natural, Alfredo González. «Nosotros hemos firmado algo con un aval técnico, argumentado y fundamentado en derecho. La ley permite que se autorice un método como la liga de forma excepcional para estudios científicos como era el caso. Es un procedimiento administrativo y cuando hay un recurso hay que dar audiencia al interesado. Se le dijo a la UPV que tenía la opción de alegar y a día de hoy siguen sin contestar. Y procedimos a suspender el permiso y a hacer una consulta a la Comisión Europea ante los argumentos de los recursos de alzada, porque es el propio interesado el que no se defiende». Respecto a las críticas de Apaval, González advirtió que su actitud «perjudica al parany».