La Generalitat considera innegociable «el nuevo copago» de los usuarios de residencias, centros de día y centros ocupacionales de discapacitados y solo se presta a revisar las situaciones «singulares» y a retirar el recorte que había previsto en el gasto de mantenimiento de las dotaciones. Así lo trasladó ayer la Conselleria de Bienestar Social a cinco asociaciones del sector de Castelló.
El alcalde, Alfonso Bataller, reunió en el ayuntamiento a las entidades con el nuevo secretario autonómico de Dependencia, Manuel Escolano, y la directora general de Discapacidad, Pilar Collado, en un intento de mediar ante la indignación existente en los colectivos sociales en torno al copago en discapacidad y dependencia. Familias de 1.500 afectados de Castelló han presentado un aluvión de recursos contra las nuevas resoluciones y la conselleria pretende aplacar la rebelión. Las cinco asociaciones presentes fueron la fundación Síndrome de Down, Afanias, Aspropace, Ateneu y el Maset de Frater, que atienden a cerca de 300 usuarios de la capital. A la misma hora y en Valencia, la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana - que califica el copago como una participación en los servicios públicos de los usuarios,- mantenía un encuentro con la plataforma de colectivos de discapacitados de la Comunitat -Cermi-.
Los responsables de Bienestar Social accedieron a corregir errores detectados y a estudiar una revisión de los baremos en las situaciones extremas, pero insistieron en que las nuevas tarifas son irrevocables y esgrimieron que responden a una normativa estatal. Solo aceptaron rectificar con la reducción que se había planificado en las subvenciones del Consell para gastos de funcionamiento de los centros. En este caso, el plan inicial pasaba por restar las cuotas de la familias del presupuesto público anual frente al sistema anterior donde las aportaciones de los residentes se sumaban a la consignación autonómica. El Consell elimina este cambio y aumentará un 3 % la partida de este año, según las asociaciones asistentes.
El copago aprobado triplica los valores antiguos y obliga a los discapacitados de residencias y centros de día y ocupacionales a destinar el 90 % de su pensión frente al 30 -70 % de antes. La Generalitat resalta que las personas que dispongan de una renta mensual inferior a los 532 euros (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mantendrán plazas gratuitas, pero este excepción beneficiará a una minoría y la mayoría dedicará el 90 % de su pensión a su plaza de residencia, quedándose con apenas 100 euros para otros gastos.
Las situaciones más gravosas se producen en las residencias, donde un 14 % de usuarios pagará más de 1.000 euros; el 28 % entre 500 y 1.000 euros; el 53 % entre 100 y 500 euros, y el 5 % tendrá la plaza gratuita. En los centros de día, el 59 % abonará entre 100 y 500 euros, quedando el resto exento. Sanidad afirmó que analizarán una posible rebaja en algunos discapacitados graves que también han de hacer frente a otros gastos o copagos como el farmacéutico. Sin embargo, los colectivo de discapacitados denunciaron que el Consell ha aplicado las condiciones máximas fijadas por el Gobierno y recordaron que otras autonomías contemplan el 65 % de la pensión frente al 90 % de la Comunitat Valenciana. Así, defendieron una rebaja del mismo y el regreso de las 14 a las 12 mensualidades de pago.
Primeras bajas
Los centros de Castelló han empezado a registrar un primer goteo de bajas y esta circunstancia podría ir a más si Sanidad deniega las resoluciones y elude rectificar los cómputos establecidos.
