El Ayuntamiento de Cabanes anunció ayer que ha alegado al borrador de la Ley de Costas para defender los intereses del poblado marítimo de Torre la Sal, como han hecho otros municipios de Castelló. El consistorio sostiene que este núcleo costero «carece» en la actualidad de la condición de dominio público marítimo a pesar de que los inmuebles de la zona fueron considerados así en el deslinde aprobado en 1975.
Desde Cabanes se alega que «no hay constancia de que dicho poblado haya sido afectado por temporales o variaciones de mar». Además, «la administración del Estado construyó un paseo marítimo en el núcleo frente a los inmuebles». Del mismo modo, «la línea del deslinde, aprobada por la Orden Ministerial de mayo de 1993, se ha trasladado al este de los inmuebles».
Todo ello supone «una situación especial» del poblado que no recoge el proyecto del Reglamento General de Costas, «por lo que la propuesta resulta altamente perjudicial para Cabanes ya que dificultaría en gran medida la permanencia del núcleo urbano de Torre la Sal eliminando este elemento diferenciador y de desarrollo de esta zona de la costa».
Cabanes exige además que se incorporen «mecanismos que posibiliten que los inmuebles puedan seguir siendo disfrutados por sus propietarios sin limitación alguna» ya que, según defienden en su alegación, «no se cumplen los requisitos legales» para que Torre la Sal sea considerado de dominio público. El poblado de Torre la Sal tiene la clasificación de suelo urbano, según el PGOU vigente desde 1983.
Alegaciones de Almassora
Por su parte, el Ayuntamiento de Almassora remitió ayer al Ministerio de Medio Ambiente las tres reclamaciones elaboradas por los servicios técnicos municipales «con el objetivo de defender, a nivel local, los intereses de nuestros vecinos», aseguró ayer el alcalde Vicente Casanova. Así, el consistorio pide a Costas que clarifique las condiciones para aquellas edificaciones situadas en zona de servidumbre para, tal y como explicó Casanova, «conseguir conservar las viviendas ubicadas en la zona del Camí La Mar». De igual modo el consistorio demanda «que se permita que la anchura de la servidumbre de protección sea de 20 metros» en suelos no urbanos pero con todas las infraestructuras y que se pueda modificar el paseo marítimo.
