La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, se vio ayer obligada a dar explicaciones después de desvelar el día anterior la posibilidad de que el Gobierno cobre un canon a los usuarios de la AP-7 a partir de 2020, una vez caduque la concesión y quede liberada la autopista. Según Bonig, la Generalitat pugnará por que la AP-7 sea gratuita, aunque advirtió de la posibilidad de otras administraciones superiores (estatal o europea) obliguen a establecer un canon de mantenimiento. En este caso, apuntó Bonig, el Consell pedirá que se aplique a toda la red viaria española y no sea exclusivo del eje mediterráneo.
La consellera manifestó que es partidaria de que no exista canon «para nadie» una vez se libere la AP-7 a finales de 2019 y añadió que «va a luchar» para que sea gratuita. No obstante, advirtió de que no es una decisión que competa a la Generalitat, a la vez que subrayó que las infraestructuras conllevan un importante coste de conservación.
«Nosotros queremos que sea libre. Si se plantease o la Unión Europea dijese que hay que pagar un canon de mantenimiento, pedimos que sea para toda la red española pero abogamos y vamos a luchar por la no renovación de la concesión y la gratuidad de la misma», afirmó Bonig.
En Europa está regulada la conocida como euroviñeta, que es una tasa que se aplica a los camiones por el uso de las infraestructuras viarias. Este sistema de copago para el mantenimiento se estableció mediante una directiva y se dejó a los diferentes países libertad legislativa para aplicarla o no. El objetivo de este canon, importado desde Alemania y Suiza, consiste en repartir el coste de las carreteras entre los usuarios reales para evitar que sean todos los contribuyentes quienes actúen como paganos. Ahora se plantea extenderla a todos los vehículos y no sólo a los camiones. Sin embargo, el caso de la AP-7 es singular, ya que durante medio siglo ha sido para los ciudadanos de Castelló la única vía rápida de comunicación norte-sur, mientras que otras zonas de España han gozado de autovías libres de peaje, lo que supone un agravio territorial.
La consellera manifestó que lo «prudente» es esperar al 31 de diciembre de 2019, cuando caduque la concesión. Recordó que las Corts Valencianes aprobaron una proposición de ley para que, si el Estado establecía para la AP-7 un canon de mantenimiento, «fuese para toda España y no solo en el eje mediterráneo viario». «Es lo que se aprobó pero ni Fomento lo está estudiando (el canon) ni nada de nada», aseveró Bonig, quien incidió en que la liberalización de la autopista evitaría proyectos como el desdoblamiento de la carretera N-340, una de las reivindicaciones históricas de Castelló.
