Atodos nos ha sorprendido muy gratamente la rapidez y la contundencia con la que la Unión Europea ha actuado a la hora de frenar la entrada de cítricos procedentes de Sudáfrica después de que en la pasada temporada se detectaran hasta 34 casos de «mancha negra», una enfermedad desconocida en nuestros campos y que podría ser letal para futuras cosechas.

Desde Bruselas se ha actuado correctamente: protegiendo la salud alimentaria de los ciudadanos pero también los intereses de los agricultores. Lamentablemente, no siempre es así. Nos hemos acostumbrados a ver como mucha de las medidas o leyes que se adoptan en la UE parecen no respetar a sus agricultores y ganaderos españoles.

Por eso, es necesario que los hombres y mujeres elegidos en las urnas el pasado 25 de mayo para representar y defender a España, tanto frente al resto de estados miembros como frente al resto del mundo, desde el Parlamento Europeo adopten, en primer lugar, medidas encaminadas a fomentar la competitividad de nuestro sector primario y a la renovación de su población activa. De lo contrario, el campo se muere, con unas consecuencias nefastas y nunca valoradas por parte de nuestros gobernantes.

En Fepac-Asaja estamos completamente a favor del libre comercio porque nosotros también queremos vender en todo el mundo y consideramos que los mercados no deben tener más fronteras que las de la calidad. Estamos convencidos de la excelencia de nuestros productos, y por eso es justo que los agricultores y ganaderos puedan colocarlos en aquellos mercados donde mejor se valoren. Sin embargo, la realidad es que nos encontramos con infinidad de controles y normas sanitarias, fitosanitarias, laborales, medioambientales? Sin embargo, cuando es a la inversa, las medidas no son tan exigentes.

Los 34 casos de «mancha negra» procedente de las importaciones sudafricanas son, tal vez, su más claro ejemplo, pero no es la única y vemos cómo cosechas de cualquier país tercero entran con facilidad en la UE, no solo reventando el mercado por unos costes inferiores propiciados por unos requisitos menos gravosos que los nuestros, sino incluso amenazando nuestro sistema por la entrada de plagas, ya que los controles en destino no reportan las garantías necesarias.

Bruselas debe hacer, además, una política formativa y educativa para que los europeos sepan apreciar la calidad de los productos autóctonos frente a los de otros países, y puestos a regular, defiendan la equidad de derechos, pero también de obligaciones, en las relaciones comerciales con el resto de países. Necesitamos una política agraria comunitaria eficaz.