Aunque se declara ateo, Antonio Pérez Solís confía en un «milagro»: que los lugares públicos de la Comunitat Valenciana se sumen a la campaña lanzada por la Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (Avall) que él preside bajo el lema «Descuelga un crucifijo por los servicios públicos». La asociación ofrece cinco euros por cada crucifijo u otro símbolo religioso que deje de estar expuesto en las instalaciones de un organismo público o financiado con dinero público como los centros escolares, hospitales, centros de salud, ayuntamientos, cuarteles o juzgados. Es su forma de participar en la polémica terciada en el Hospital Provincial de Castelló. Allí, Compromís ha instado a la retirada de los crucifijos colocados en las habitaciones de los pacientes pero, en cambio, la dirección del centro ha desestimado la propuesta. Mientras el ciberlobby católico Hazteoir.org ha impulsado una recogida de firmas en contra de la iniciativa laicista.

La campaña de la asociación de ateos proclama que «la Constitución refleja la aconfesionalidad del Estado» y que «los símbolos religiosos no tienen ninguna funcionalidad objetiva que ayude a prestar un servicio público mejor o más eficientemente». Por ello, insta a descolgar los crucifijos, más si cabe porque «según el último barómetro del CIS, menos del 15 % de la población española es religiosa practicante y más del 25 % se declara atea o no creyente». Esta diversidad, asegura Avall, «hace que se produzcan rechazos y reclamaciones ante símbolos de una cosmovisión diferente».

En su opinión, los símbolos remiten a ideologías determinadas y promueven «un proselitismo que infringe la neutralidad ideológica del Estado y los servicios públicos». Además, recuerdan que cualquier persona puede llevar símbolos o textos de su confesión donde quiera que vaya «sin necesidad de que el Estado se los proporcione». «No es una actitud antirreligiosa, sino absolutamente laica. Nosotros no creemos en Dios, pero no queremos imponer esa visión a nadie. Ahora bien: tampoco queremos que nos metan a Dios por la fuerza», apostilla Pérez Solís.

Los devolverán a la Iglesia

Los responsables de los centros públicos que deseen participar en la campaña han de contactar con Avall por correo electrónico. En el momento de devolver el crucifijo, el colectivo les entregará los cinco euros por cada símbolo. «Si en un hospital hay 200 habitaciones, por cinco euros de cada crucifijo son mil euros», ejemplifica el presidente de la asociación.

Una vez realizada la transacción, el organismo público dedicará el dinero recaudado a la mejora del servicio público, tal como estime conveniente la dirección del centro. Por su parte, Avall se compromete a entregar los crucifijos recuperados a la Iglesia. «Podrán reubicarse a su lugar apropiado: lugares de culto, órdenes religiosas o particulares interesados», explica la asociación. El límite por la propia capacidad económica de Avall está en 500 símbolos religiosos. Previenen de trampas: el crucifijo deberá haber estado expuesto con anterioridad al inicio de la campaña y «no se sustituirá por otro en ese u otro lugar».

Aunque la iniciativa tiene pocos visos de prosperar, pretende llamar la atención sobre un aspecto sobre el que la jurisprudencia española y europea ya se ha pronunciado con anterioridad obligando a retirar los símbolos religiosos de edificios públicos.