La sentencia del Tribunal Supremo que confirma los cuatro años de prisión por fraude fiscal al expresidente de la diputación, Carlos Fabra, cierra un proceso judicial que se ha prolongado durante más de una década.
El bautizado como «Caso Fabra» empezó su recorrido en diciembre de 2003, cuando el empresario castellonense y gerente de la empresa de productos fitosanitarios Naranjax, Vicente Vilar, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud y la propiedad industrial, en las que afirmaba que se manipuló documentación para conseguir autorizaciones de los ministerios. Vilar, que junto a su exmujer, Montserrat Vives, había compartido amistad y negocios con Fabra, denunció que le había pagado comisiones millonarias para que, como presidente de la diputación, intercediera ante el Gobierno para obtener la licencia de sus productos fitosanitarios.
Esas querellas fueron rechazadas, pero la titular del juzgado número 1 de Nules abrió de oficio en enero de 2004 un nuevo procedimiento por indicios racionales de delitos contra la Administración pública.
A mediados de 2005, el fraude fiscal se incorporó a la causa cuando la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal, que dio lugar a una investigación de las cuentas bancarias y el patrimonio de toda la familia que con el tiempo permitió descubrir que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2003.
También en 2005, el Juzgado número 2 de Nules abrió diligencias de investigación tras otra denuncia de Vilar por una supuesta falsificación de sellos y cuños en los documentos de unos productos fitosanitarios.
La instrucción se alargó ocho años y estuvo marcada por la interinidad de los responsables del juzgado de Nules, ya que pasaron por el caso nueve jueces y cuatro fiscales. Esta circunstancia y los 20 recursos del exdirigente popular eternizaron la causa.
En 2008, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Fabra contra la investigación judicial sobre su patrimonio, mientras que en mayo de 2009 el Juzgado de instrucción número 2 de Nules incoó el procedimiento contra él por posible falsificación de documentos para obtener autorizaciones comerciales. En dicho año se incorporó a la instrucción un joven abogado, Jacobo Pin, que dio el empujón definitivo a la causa.
En mayo de 2010, la Audiencia de Castelló acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra Fabra por falsedad documental. Un mes después, el Juzgado número 1 de Nules transformó las diligencias contra Fabra en procedimiento para juicio, al entender que los hechos presuntamente cometidos por él y su mujer serían constitutivos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.
Sin embargo, a finales de 2010, la Audiencia denegó que Fabra fuera juzgado por un tribunal, y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.
En diciembre de 2011 el Tribunal Supremo enmendó la plana a la Audiencia de Castelló y ordenó reabrir la causa por cinco delitos fiscales.
Un año después, el juzgado de Nules dio por concluida la instrucción y abrió juicio oral por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal contra Fabra, su exmujer (Amparo Fernández), el empresario Vilar y su exmujer (Montserrat Vives). Pero la Audiencia volvió a intervenir y retiró el delito de cohecho entre las acusaciones.
La acusación recurrió y Jacobo Pin repitió en marzo de 2013 el auto de apertura de juicio en el que volvió a incluir el delito de cohecho, que se sumó a los de tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales. Pin también pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial al ver menoscabada su «independencia». Ante las suspicacias que generaba, el entonces presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, se apartó del juicio.
El 2 de octubre pasado comenzó en la Audiencia provincial de Castelló un macrojuicio por el que durante un mes desfilaron más de medio centenar de testigos. Vilar acudió desde la prisión, a la que ingresó en 2007 tras ser condenado por malos tratos contra su exmujer.
El 30 de octubre quedó visto para sentencia, y la Audiencia sentenció un mes después a cuatro años de cárcel a Fabra y dos a su exesposa y salvó a los otros tres acusados. La fiscalía había pedido 13 años para Fabra. El Supremo confirmó ayer los 4 años de cárcel.
Fabra abandonó en noviembre la secretaría de la Cámara de Comercio, tras haberlo hecho de forma paulatina desde 2011 de la presidencia del PP y del aeropuerto de Castelló.
