La Asociación de Afectados por el Incendio de l'Alcalatén (2007) inició ayer una recogida de firmas de socios solidarios para aportar al juez una nueva solicitud de restauración del paisaje devastado por el fuego y pedirle que desbloquee una causa judicial en la que el colectivo de damnificados (con 400 asociados) reclama a Iberdrola una indemnización de 30 millones de euros.
Esta demanda por lo civil es paralela a la causa penal abierta de oficio por la Fiscalía, que desde 2011 solicita la apertura de juicio oral y penas de 2 años y 6 meses de prisión contra 10 responsables de Iberdrola y la subcontrata Montelpa S.L.. Todos ellos están acusados de un delito de incendio forestal por imprudencia grave y se les requiere una multa individual de 8.400 euros. Además, la acusación pública solicita una indemnización de 9,1 millones de euros a Iberdrola, la subcontrata Montelpa S.L., Peirats-García Asociados S.L. y sus compañías aseguradoras.
A este respecto, la asociación de afectados lamenta la lentitud de la Justicia y una paralización del proceso de instrucción que consideran injustificada, especialmente dada la contundencia de las pruebas y de los informes periciales sobre el incendio que arrasó 9.000 hectáreas en 6 municipios (Les Useres, l'Alcora, Llucena, Atzeneta del Maestrat, Costur y Figueroles).
La compensación económica tiene como objeto retornar las pérdidas y costes que supuso el fuego para la Generalitat Valenciana (775.387 euros), la Diputación Provincial de Castelló (213.567 euros), la compañía Telefónica (49.438 euros), la Confederación Hidrográfica del Júcar (330.000 euros), el Ayuntamiento de Costur (854.151 euros), el Ayuntamiento de Atzeneta (857.571,15 euros), el Ayuntamiento de Figueroles (314.000 euros), el Ayuntamiento de Llucena (2,4 millones de euros y el Ayuntamiento de les Useres (3,4 millones).
De forma complementaria, en los casos de Costur y Atzeneta el fiscal requiere que los acusados abonen la cantidad que se determine en ejecución de sentencia o en el juicio oral por los daños en fincas de titularidad municipal compuestas de matorral, pinos y encinas.
La Fiscalía argumenta que las normas de seguridad a adoptar en la utilización de herramientas, maquinaria y equipos en zona forestal «fueron totalmente incumplidas, por lo que tal omisión así como la ausencia de una efectiva vigilancia del cumplimiento de la normativa expuesta, coadyuvó de manera eficaz a que las obras se desarrollarán en las condiciones descritas y por ende al fatal desenlace de las mismas».
