La fiscalía y el colectivo ecologista de Gecen estrechan el cerco sobre las edificaciones irregulares de la Marjaleria de Castelló. El ministerio público ha dictado un nuevo escrito de acusación contra un propietario en el que solicita dos años de prisión por edificar en suelo sin ordenación, mientras Gecen ha denunciado ante el Seprona a catorce nuevas construcciones ilegales.
En el primer caso, los juzgados de instrucción mantienen en curso una causa penal contra un centenar de viviendas por un presunto delito contra el territorio, y la fiscalía ha emitido hasta el momento cincuenta resoluciones, en las que reclama entre uno a dos años de cárcel y establece en algunos casos multas de hasta 40.000 euros. Su último escrito, al que ha tenido acceso este diario, afecta a una reforma de 30 metros de una vivienda.
La Justicia abrió en enero de 2013 una investigación penal a raíz de una denuncia presentada por Gecen. Los ecologistas trasladaron un total 700 obras de la zona expedientadas en los años anteriores por el ayuntamiento y el proceso judicial incluyó a un centenar de las mismas. Ahora, Gecen ha remitido otra denuncia a la unidad de la Guardia Civil del Seprona que comprende otras 14 construcciones por haberse ejecutado, aduce, «al margen de la legalidad». Solicita que se «investiguen los hechos denunciados y sus presuntos responsables» y que se remitan al juzgado «una vez se compruebe si son constitutivos de delito», avanzaron fuentes de la asociación ecologista.
Según la documentación de los afectados, se da la paradoja de que la mayoría de las actuaciones investigadas no cumplen con la legislación por no disponer de ordenación pormenorizada, es decir, se han levantado en suelo urbanizable pero carecen del plan urbanístico que ha de regularizarlas. Así, según los afectados, el 90 % de los casos consisten en ampliaciones de viviendas ejecutadas a partir del año 2006. Hasta dicho ejercicio se encontraban en una situación de alegalidad, pero a partir del mismo, la Administración aprobó un plan especial de la Marjaleria que determina el suelo urbanizable y el protegido. La cuestión es que las casas de la primera categoría de superficie no pueden promover desde entonces obra alguna hasta que no se apruebe la unidad de ordenación urbanística del plan especial donde se integran.
La crisis económica ha impedido el desarrollo de la citada ordenación urbanística, por lo que toda ampliación efectuada en las viviendas de la zona desde el año 2006, aunque se encuentren en terrenos urbanizables, se considera ilegal.
Al respecto, la nueva lista de edificaciones que ha presentado Gecen al Seprona contempla remodelaciones desarrolladas en edificaciones de la Marjaleria desde 2006. Por ejemplo, indica una reforma de una vivienda, varios entradores, una cochera, una ampliación de una casa de aperos, o un porche.
Desde el ejecutivo local aseguran que las viviendas ubicadas en suelo urbanizable pueden continuar sin problemas, pero no las obras de ampliación realizadas desde 2006. Sus propietarios tienen prohibido hacer modificaciones hasta que se apruebe los PAI del plan especial. Un informe de los servicios municipales indica que el «suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada» tiene «consideración de suelo no urbanizable» de acuerdo con la Ley Urbanística Valenciana.
La Generalitat aprobó en 2006 el programa especial de la Marjaleria con el fin de regularizar un espacio que en las décadas precedentes había registrado la proliferación de un sinfín de casas sin autorización. Prevé dotaciones públicas valoradas en 30 millones de euros-alcantarillado, suministro eléctrico o colectores-que dependen de la Administración, y 90 planes urbanísticos con unos costes urbanísticos de 80 millones.
Los afectados denuncian la inacción con las grandes casas
Unión por la Marjaleria, asociación vecinal que integra a 80 propietarios, critica que las sanciones del ayuntamiento se centran en pequeñas viviendas y obvian las grandes construcciones.
La plataforma afirma que la «persecución» se centra con la gente con menos recursos de la zona y que de los expedientes se libran «las grandes mansiones». Reclama al ayuntamiento que cambie el plan especial de la Marjaleria para asegurar la continuidad de todas las edificaciones amenazadas. El consistorio sostiene que se limita a cumplir con la legalidad y que los expedientes se impulsan en todas las obras que se han erigido sin contar con la correspondiente regularización, tanto las que se encuentran en suelo protegido como las que se han edificado en urbanizable sin la preceptiva ordenación.
Mantiene paralizadas de forma cautelar las órdenes de derribo al estar las viviendas afectadas inmersas en un proceso judicial. Ahora ha empezado a imponer multas económicas que rondan los 20.000 euros. Hasta el momento exigía una cantidad subsidiaria que correspondía al coste del derribo, pero, al frenarse las demoliciones, ha cambiado el modelo de actuación y promueve también sanciones económicas
El objetivo municipal es activar los planes urbanísticos (PAIs) que forman parte del programa especial para regularizar 2.500 viviendas de la Marjaleria. Esta acción se llevará a cabo una vez mejore la situación económica, dado que requiere una importante inversión por parte de los propietarios, que han de asumir los costes urbanísticos (80 millones de euros). Para ello , primero ha de finalizar las actuaciones públicas. Este año empezará un nuevo colector antiinundaciones.
Asimismo, el gobierno municipal descarta modificar el plan especial de la zona, tal como reclama la plataforma vecinal. Los afectados insisten en exigir a los munícipes populares que aprovechen la nueva redacción del PGOU para salvaguardar el conjunto de viviendas existentes en la Marjaleria.
