La Comisión Europea (CE) apunta a que la ocultación de más de 1.800 millones de euros en facturas por parte de la Generalitat hasta 2012 para cuadrar las cuentas y que obligó a España a revisar el objetivo de déficit de 2011, con el correspondiente ridículo del país ante sus socios europeos, pudo ser «una tergiversación deliberada» o una «negligencia grave», según una contestación del ejecutivo comunitario a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero. La CE revela que ha abierto esta investigación gracias, «especialmente», a los informes públicos de la Sindicatura de Comptes.
Esta contestación del ejecutivo comunitario desmiente al Consell y al propio presidente Alberto Fabra, puesto que la versión oficial siempre ha sido calificar la ocultación como un mero error contable y que no existió mala fe. La CE afirma que, como mínimo, hay una «negligencia grave», aunque apunta que se podría tratar de una «tergiversación deliberada».
La CE anunció el pasado 11 de julio la apertura de una investigación por la «posible manipulación» de las cifras de déficit y deuda por parte del Consell al haber ocultado de «forma sistemática» y «a lo largo de muchos años» miles de millones en facturas en los cajones de Sanidad, un gasto para el que no se tenía dotación presupuestaria y que no se contabilizaba, con lo que se falseaban los datos de la C. Valenciana y, por extensión, de España.
Esta ocultación quedó al descubierto en 2012 cuando el Gobierno, forzado por Bruselas, comenzó a poner orden a las facturas impagadas de las autonomías con el Plan de Pago a Proveedores. Estos préstamos permitieron entonces al Consell abonar 4.354 millones, de los que 1.842 correspondían a gasto sin contabilizar conocido como las facturas en los cajones. Casi la mitad (861 millones) se imputó a 2011 y el resto, a años anteriores (2008 a 2010).
Este cambio en los datos obligó al Gobierno de España a comunicar en mayo de 2012 a la UE que «la detección de gastos no registrados» en Valencia y Madrid obligaba a revisar al alza el déficit del Estado en 2011 declarado semanas antes, del 8,51 % al 8,9 %.
Ahí empezó la investigación, que según reconoce ahora la CE, le ha facilitado los sucesivos informes de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat que, un año sí y otro también, alertaban de las facturas en los cajones. Desde el año 1995, más de 3.300 millones de euros. Esta anomalía no fue detectada por la Intervención General de la Generalitat, que se justificó por carta ante los investigadores de la UE y culpabilizó de la ocultación de esta práctica a los sucesivos consellers de Sanidad.
La CE reconoce también a la eurodiputada socialista que se ocupa «principalmente, pero no de forma exclusiva» de los gastos sanitarios habidos en la Comunitat Valenciana.
La contestación del ejecutivo comunitario también evidencia que la investigación es sobre la actuación de la Generalitat y no del Gobierno de España. Así, la CE explica que es la Intervención General autonómica la que facilitó los datos manipulados a la Intervención General del Estado, que lugo los facilita al Instituto Nacional de Estadística que posteriormente los envía al Eurostat.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró sobre la respuesta de la Comisión Europea que «se confirma que en la Generalitat hubo homicidio o asesinato». Para Puig, tanto si se trata de un caso de «tergiversación deliberada o de negligencia grave se trata de una grave irresponsabilidad política que lleva adosada la falta de credibilidad de la institución de todos los valencianos».
El líder socialista pedirá en el Congreso la comparecencia de los ministros de Economía y Hacienda, Luís de Guindos y Cristóbal Montoro; así como del presidente del INE, Gregorio Izquierdo, y del interventor General del Estado, José Carlos Alcalde.
