La indemnización a la concesionaria del almacén de gas Castor aprobada por el Gobierno y la hibernación de la planta supondrá a las arcas públicas un coste global de 3.000 millones de euros a plazos durante 30 años, ya que a la compensación de 1.461 millones se le añaden intereses bancarios y el canon que cobrará Enagás por mantener la seguridad de una plataforma clausurada que podría nunca entrar en funcionamiento, según datos del Ministerio de Industria.
Eso sí, el Gobierno no pagará este dinero y se lo cargará a los ciudadanos a través de nuevos peajes y tasas en la factura del gas que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016, justo después de las elecciones generales y de la constitución del nuevo Gobierno.
Los 3.000 millones, los cuales serán garantizados a Enagás durante tres décadas independientemente de si la planta se reabre o no, supondrán una rebaja de 1.938 millones con respecto a los 4.938 que figuraban en el contrato con la concesionaria Escal UGS, que debía cobrar este dinero a plazos hasta el año 2038.
La diferencia es que, en esta ocasión, los 3.000 millones de euros (100 millones anuales hasta 2046) se invertirán en mantener una planta paralizada y cuya entrada en funcionamiento sigue siendo incierta. La noticia de la hibernación indefinida del almacén de Vinaròs fue recibida el viernes por ayuntamientos y vecinos como un triunfo y casi como un cierre definitivo de la plataforma para evitar nuevos episodios sísmicos como el que desató en 2013 alrededor de 550 seísmos en el norte de Castelló.
Sin embargo, el Real Decreto Ley hace explícita la intención del Gobierno de no renunciar a esta inversión millonaria y seguir explorando las posibilidades técnicas de reabrir la plataforma si se encuentran fórmulas para no generar nuevos terremotos.
En primer lugar, el decreto admite que los informes científicos elaborados por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España no son capaces de garantizar que una reanudación de la inyección de gas no desate más terremotos inducidos y no se aventuran a predecir cuál podría ser su magnitud máxima. Además, ambas instituciones aseguran que para evaluar el riesgo se necesitarían nuevos estudios que podrían prolongarse durante años. Es por ello que el Gobierno ha retirado la concesión de explotación del almacén y ha acordado su hibernación indefinida. Pese a ello, sigue considerando la plataforma como una infraestructura estratégica y ha delegado en Enagás la elaboración de nuevos informes técnicos para dilucidar si existen posibilidades de reabrir el almacén sin inducir nuevos terremotos y sin causar un riesgo de terremotos. Dichos informes se elaborarán de forma paralela a los ya solicitados por el Ministerio de Industria a la Universidad de Stanford y al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Con todo, el real decreto establece que deberá «procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen». Dicho desmantelamiento debería ser asumido por Enagás, que cobrará 100 millones anuales en concepto de recuperación de la indemnización a Escal UGS y servicios prestados.
En caso de reapertura, Enagás ya ha asegurado que no se haría cargo de la concesión de explotación (aunque seguiría cobrando por la hibernación) y se convocaría un concurso público para encontrar una concesionaria. Respecto a la operación, Enagás sostiene que para sus cuentas será neutra porque ya ha llegado a un acuerdo con tres bancos para obtener el dinero de la indemnización y cederles sus derechos de cobro del sistema gasista.
